Nuevo obstáculo judicial retrasa investigación contra exciclista Lucho Herrera
La indagatoria que la Fiscalía tenía programada contra el exciclista Lucho Herrera y su hermano Rafael Herrera Herrera enfrenta un nuevo contratiempo que podría resultar en otro aplazamiento. Un recurso interpuesto por la defensa de los investigados mantiene en suspenso el avance del proceso judicial relacionado con la presunta desaparición forzada de cuatro campesinos en zona rural de Fusagasugá, ocurrida el 23 de octubre de 2002.
Controversia sobre la fiscal a cargo del caso
El centro de la controversia actual es una queja presentada contra la fiscal que abrió formalmente la instrucción del caso, decisión que implica la vinculación procesal de los investigados. Esta queja deberá ser resuelta por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, y mientras esa instancia no se pronuncie, la diligencia fijada para el viernes 10 de abril podría aplazarse por segunda vez consecutiva.
Esta no es la primera vez que el proceso sufre retrasos. En febrero pasado ya se había suspendido la indagatoria inicial por un recurso similar presentado contra el auto que citó a Herrera a rendir versión. En aquella oportunidad, la decisión también quedó en manos de la segunda instancia, prolongando significativamente los tiempos de la investigación.
Orígenes del expediente judicial
El expediente tiene su origen en una orden judicial emitida en mayo de 2025 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá, que solicitó investigar al excampeón de la Vuelta a España 1987 por su presunta participación en la desaparición de cuatro vecinos de su entorno. El nombre de Herrera había sido mencionado en repetidas ocasiones dentro de un proceso contra un exjefe paramilitar, donde se le señalaba de haber ordenado directamente las desapariciones.
El 28 de enero de este año, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos formalizó la apertura de la investigación basándose en los elementos probatorios recaudados. Según la hipótesis fiscal, los procesados habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, que operaban en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para llevarse por la fuerza a habitantes de predios cercanos a sus propiedades.
Avances en la búsqueda de las víctimas
En medio del desarrollo del proceso judicial, dos de las cuatro víctimas fueron halladas en 2008 en zona rural de Silvania, aunque sus restos solo pudieron ser entregados a sus familias en diciembre de 2025, tras los exhaustivos trabajos de identificación adelantados por el Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas (GRUBE). Mientras tanto, las autoridades continúan con los esfuerzos de localización de los otros dos cuerpos que permanecen desaparecidos desde hace más de dos décadas.
El caso representa uno de los procesos judiciales más complejos relacionados con violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado en la región del Sumapaz, y su desarrollo continuará dependiendo de las decisiones que tomen las instancias judiciales superiores respecto a los recursos presentados por la defensa de los investigados.
