La justicia que nunca llegó: Madre condenada por asesinar a su bebé sigue libre en Bogotá
A más de tres años del crimen que conmocionó al país, ocurrido en las aguas de Buritaca, jurisdicción de Santa Marta, la justicia sigue siendo una promesa incumplida para Edwin Guerrero Sánchez, padre del niño asesinado. El menor, de apenas 15 meses, perdió la vida en abril de 2022 tras ser ahogado intencionalmente en el mar. Aunque un juez condenó a la madre, Yenny Alexandra Higuera, a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, ella continúa disfrutando de libertad, convirtiendo la sentencia en lo que el padre describe como "un documento sin efectos reales".
Un fallo judicial que no se ejecuta
Guerrero afirma con desesperación que, desde que se conoció la condena, ha acudido constantemente a distintas autoridades para conocer avances en la captura, sin recibir información concreta. "Estoy seguro de que, si hicieran un seguimiento serio, ya estaría presa. Ella está con su familia en Bogotá. Simplemente no se han molestado en buscarla", denuncia el afectado padre. La falta de acción institucional ha prolongado su dolor y debilitado su confianza en el sistema judicial colombiano.
En 2024, Higuera recuperó su libertad por vencimiento de términos, debido a los múltiples retrasos en el proceso judicial. Desde entonces, según la familia, no se han aplicado medidas efectivas para garantizar su ubicación y posterior detención. Guerrero también advierte que no ha recibido acompañamiento ni orientación clara por parte de las entidades encargadas. "Uno va, pregunta, insiste, y nadie responde. Es como si el caso se hubiera quedado detenido en el tiempo", lamenta.
El crimen que conmovió a Colombia
El caso generó conmoción nacional cuando se conoció que un bebé había muerto en el mar mientras se encontraba con su madre en el sector de Guachaca, zona turística y rural del norte del Magdalena. Inicialmente, la mujer aseguró que una corriente marina le arrebató al niño de los brazos, pero esa versión fue puesta en duda desde las primeras indagaciones.
Los peritajes forenses, análisis técnicos, reconstrucciones del hecho y las múltiples contradicciones en sus declaraciones permitieron a la Fiscalía establecer que el menor fue sumergido de manera intencional hasta causarle la muerte por asfixia. El juez concluyó que existió voluntad de asesinar y descartó cualquier circunstancia que redujera la responsabilidad penal, por lo que el delito fue calificado como homicidio agravado.
Expertos en derecho penal han advertido que, cuando una persona procesada o condenada recupera la libertad antes de una sentencia firme, se incrementa exponencialmente el riesgo de evasión si no existen controles estrictos. En este caso particular, según la familia afectada, esas medidas de seguimiento no fueron suficientes ni efectivas.
Un duelo interminable para el padre
Para Edwin Guerrero, la falta de cumplimiento de la sentencia ha impedido cerrar el proceso de duelo y avanzar en su vida personal. "No puedo seguir adelante mientras la persona que mató a mi hijo sigue viviendo con normalidad en Bogotá", expresa con angustia. Mientras en los registros judiciales el caso figura como técnicamente resuelto, para la familia del menor sigue siendo una herida abierta que sangra cada día.
La condena existe en el papel, pero no se materializa en la realidad. Guerrero insiste en que continuará exigiendo que se ejecute la orden de captura, no solo como un acto legal necesario, sino como una forma de preservar la memoria de su hijo y evitar que este terrible caso quede en el olvido institucional. "La justicia quedó solo en el papel", resume amargamente el padre, quien ve cómo el sistema falla en su momento más crucial.
