Juzgado Administrativo de Bogotá Inicia Incidente de Desacato Contra el Presidente Petro
El Juzgado 66 Administrativo de Bogotá ha tomado la decisión de abrir un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, debido a su falta de cumplimiento de una orden judicial que le exigía retractarse públicamente ante declaraciones realizadas contra la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Esta providencia, emitida recientemente, comunica el presunto desacato a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, iniciando un proceso que podría derivar en investigaciones disciplinarias o penales.
Antecedentes del Caso y Vulneración de Derechos
El origen de este conflicto se remonta a una acción de tutela fallada el 22 de octubre de 2025, donde se ordenó al mandatario retractarse y rectificar una publicación en la red social X, en la que señaló a Ramírez como "socia de un narcotraficante" durante un debate sobre seguridad fronteriza en agosto del año pasado. El juzgado determinó que estas afirmaciones vulneraron los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de la exvicepresidenta, exigiendo una corrección inmediata que no se ha materializado.
En su resolución, el despacho judicial destacó que Petro no ha dado cumplimiento a la orden judicial, incumpliendo así un fallo que buscaba proteger la integridad personal de Ramírez. Como parte del proceso, el juzgado ha trasladado formalmente el incidente al presidente, otorgándole un plazo de dos días hábiles para que informe las razones de su inacción, bajo pena de profundizar las consecuencias legales.
Implicaciones Legales y Reacciones
La decisión judicial no solo abre un capítulo significativo en el ámbito legal colombiano, sino que también pone en evidencia la tensión entre el poder ejecutivo y el judicial. Al notificar a la Comisión de Acusaciones, se habilita la posibilidad de que este órgano, como juez natural del presidente, evalúe la apertura de investigaciones que podrían incluir sanciones disciplinarias o incluso penales, dependiendo del desarrollo del caso.
Desde la firma de abogados Víctor Mosquera, apoderados de Marta Lucía Ramírez, se ha expresado satisfacción con la medida, afirmando que "reafirma la importancia del respeto por las órdenes judiciales y la vigencia de los derechos fundamentales". Esta postura subraya el compromiso de la administración de justicia con el cumplimiento oportuno de sus decisiones, fortaleciendo la protección de valores como el buen nombre y la honra en la sociedad colombiana.
Este incidente de desacato se enmarca en un contexto más amplio de disputas políticas y legales, donde figuras públicas enfrentan consecuencias por declaraciones consideradas difamatorias. A medida que el caso avanza, se espera que tanto el presidente Petro como las instituciones involucradas respondan a las exigencias judiciales, marcando un precedente en la aplicación de la ley frente a altos cargos del Estado.
