Condena histórica contra exmagistrado por corrupción en la justicia
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha emitido una sentencia condenatoria de diez años de prisión contra José Leonidas Bustos Martínez, quien se convierte en el tercer expresidente de la corporación judicial en ser condenado por su participación en el denominado 'Cartel de la Toga'. Este fallo, de 403 páginas, representa un hito en la lucha contra la corrupción dentro del poder judicial colombiano.
Los delitos y la estructura criminal
Con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres y el voto favorable de la magistrada Blanca Nélida Barreto, la Sala de Primera Instancia encontró a Bustos culpable de los delitos de cohecho y concierto para delinquir. La sentencia detalla cómo el exmagistrado, en dos ocasiones presidente de la Sala Penal, creó una "organización criminal" junto con otros exmagistrados como Camilo Tarquino y Gustavo Malo, además de abogados litigantes como Luis Gustavo Moreno Rivera.
El modus operandi consistía en abordar a procesados en única instancia ante la Corte Suprema para ofrecerles "decisiones contrarias a derecho" a cambio de sustanciosas sumas de dinero. Según el fallo, esta red operaba mediante una división de tareas donde cada participante realizaba aportes significativos para cumplir el objetivo común de pervertir la justicia.
Casos específicos y montos involucrados
La sentencia documenta casos emblemáticos como los de los senadores Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes pagaron 2.000 millones y 1.200 millones de pesos, respectivamente, para obtener decisiones favorables en investigaciones por parapolítica que cursaban en el despacho del exmagistrado Malo.
En relación directa con Bustos, la Corte estableció que "el exmagistrado Bustos Martínez recibió de Luis Gustavo Moreno Rivera $200.000.000 en efectivo, producto del pago ilícito efectuado por el entonces senador Besaile Fayad". Esta transferencia ilícita fue parte del entramado corrupto que manchó la credibilidad del máximo tribunal de justicia ordinaria.
Pruebas contundentes y testimonios clave
Entre las evidencias que sustentaron la condena destacan:
- Grabaciones de la DEA: La agencia antidrogas estadounidense monitoreó y grabó conversaciones en suelo norteamericano entre Alejandro Lyons Muskus (exgobernador de Córdoba), Leonardo Luis Pinilla y Luis Gustavo Moreno, sin que estos últimos lo supieran.
- Testimonio de empleado de joyería: Yeison Ricardo Pérez Pérez, empleado de la joyería Cartier en el centro comercial Andino de Bogotá, declaró bajo juramento que Moreno era cliente asiduo y se refería a su acompañante (descrito como "un señor calvo y gordo") como 'el profe', identificado posteriormente como José Leonidas Bustos.
Medidas posteriores a la condena
La Sala judicial negó cualquier mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, como la prisión domiciliaria, y en consecuencia libra orden de captura inmediata. Además, reiteró a Interpol la activación del trámite para expedir circular roja internacional. Bustos abandonó Colombia en 2019, en pleno desarrollo del escándalo, y desde entonces reside en Canadá.
El camino hacia la extradición
Expertos en derecho internacional explican que con una condena en firme, el proceso de extradición debería ser más ágil. Walter Arévalo, especialista en la materia, señala: "Las autoridades canadienses tendrían, a partir de la solicitud judicial de un juez colombiano, la obligación de proceder. Es distinto a lo que ocurría en años pasados, cuando solo existía una orden de captura y no se había demostrado la culpabilidad".
El abogado Ramiro Bejarano, consultado por este medio, expresó: "Es una decisión que llena de vergüenza a la justicia, pero que también, paradójicamente, la reivindica. Una vez quede en firme este fallo, las autoridades canadienses deben colaborar para capturar y extraditar a Bustos".
La sentencia enfatiza "la necesidad de la pena ejemplarizante para que esta clase de conductas jamás se vuelvan a repetir", reconociendo el pésimo mensaje enviado a la sociedad que perdió credibilidad en el más alto tribunal. Este caso representa solo una parte del entramado corrupto, pues según expertos, aún faltan muchos implicados en el Cartel de la Toga por rendir cuentas ante la justicia colombiana.
