Proceso judicial contra exministro Álvaro Leyva avanza hacia etapa crucial
El sistema judicial colombiano se encuentra en la antesala de uno de los juicios más significativos de los últimos tiempos, protagonizado por una figura central del primer gabinete del Gobierno Nacional. Después de prolongadas investigaciones y una controversia que trascendió fronteras, el caso vinculado con la gestión de documentos de identidad en el exterior ha tomado un rumbo definitivo en el ámbito penal.
Fecha establecida para audiencia de formulación de acusación
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ya tiene agendada en su calendario la fase formal de juzgamiento. Bajo la dirección de la magistrada Blanca Barreto, este proceso buscará establecer la responsabilidad legal de quien ocupó la máxima posición en la diplomacia colombiana, respecto a decisiones que, según la Fiscalía General de la Nación, habrían excedido el marco de la ley administrativa.
La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente el escrito de acusación contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. Este movimiento procesal ocurre luego de que, en diciembre de 2025, se le imputara el delito de prevaricato por acción. La diligencia de formulación de acusación, donde se expondrán detalladamente las pruebas en su contra, quedó programada para el próximo jueves 23 de abril a las 3:00 p.m.
Núcleo del caso: decisión sobre licitación de pasaportes
El corazón de este expediente se sitúa en la determinación tomada por Leyva en septiembre de 2023, cuando decidió declarar desierta la licitación para la fabricación de pasaportes, un contrato valorado en aproximadamente $600.000 millones. Según la hipótesis de la Fiscalía, el entonces canciller habría emitido actos administrativos presuntamente contrarios al ordenamiento jurídico, ignorando que la unión temporal liderada por la firma Thomas Greg & Sons ya había cumplido con los requisitos técnicos y obtenido el puntaje máximo para la adjudicación.
Consecuencias legales y demanda millonaria contra el Estado
El impacto de esta decisión no se ha limitado a los tribunales penales. La empresa afectada, tras una etapa de conciliación que no llegó a buen término, interpuso una demanda contra el Estado colombiano por una cifra que asciende a los $117.000 millones, argumentando daños y perjuicios por la interrupción del proceso licitatorio.
Es importante recordar que este expediente ya le costó a Leyva su carrera política activa. La Procuraduría General de la Nación, en un juicio disciplinario que generó intensos debates jurídicos, lo sancionó previamente con la suspensión e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos. Ahora, con el escrito de acusación radicado, el exfuncionario deberá defender su inocencia ante la máxima instancia judicial, en un proceso que definirá si su actuación constituyó una defensa de la soberanía estatal o un quebrantamiento de las normas de contratación pública.
Este juicio no solo determinará el futuro legal de Álvaro Leyva, sino que también establecerá precedentes significativos en materia de responsabilidad de altos funcionarios en procesos de contratación estatal, marcando un hito en la jurisprudencia colombiana sobre prevaricato administrativo.
