Fiscalía avanza en proceso judicial contra excanciller Álvaro Leyva Durán
Este miércoles 8 de abril de 2026, la Fiscalía General de la Nación dio un paso crucial en el caso judicial contra el excanciller Álvaro Leyva Durán al presentar formalmente la acusación en su contra. Los cargos se relacionan con presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la elaboración de pasaportes durante su gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cargos específicos y contexto del caso
El exministro enfrenta acusaciones por el delito de prevaricato por acción, vinculado directamente a decisiones adoptadas en el año 2023 dentro de una licitación pública de alto valor económico. Según la investigación fiscal, la actuación de Leyva Durán habría contrariado normas legales establecidas al dejar sin efecto el proceso contractual, a pesar de que uno de los proponentes cumplía con todas las condiciones exigidas técnicamente y legalmente.
La documentación del expediente judicial, a la que tuvo acceso Blu Radio, revela detalles significativos: la firma Thomas Greg & Sons encabezaba la evaluación del proceso de contratación cuando se tomó la decisión de frenarlo. Esta situación generó consecuencias legales inmediatas, ya que la compañía inició acciones judiciales contra el Estado colombiano tras no concretarse la adjudicación del contrato.
Origen y desarrollo de la controversia contractual
El caso se originó específicamente en septiembre de 2023, cuando se adoptó la determinación de detener la contratación para la producción de pasaportes, documentos oficiales de vital importancia para la identificación ciudadana. Esta medida generó amplios cuestionamientos desde diversos sectores sobre su legalidad y sobre las implicaciones administrativas que tendría para el funcionamiento del Estado.
Como resultado de estas acciones, la empresa afectada inició una reclamación millonaria contra el Estado luego de que fracasara un intento de conciliación entre las partes. El proceso legal se ha extendido por varios años, acumulando documentación y testimonios que ahora sustentan la acusación formal presentada por la Fiscalía.
Sanción disciplinaria previa y próximos pasos judiciales
Paralelamente al proceso penal, el excanciller Álvaro Leyva ya había sido objeto de una sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación. Este organismo de control impuso al exfuncionario una inhabilidad de diez años para ejercer cargos y funciones públicas, decisión que se tomó tras evaluar los mismos hechos que ahora son materia de la acusación penal.
La audiencia judicial en la que se formalizará la acusación quedó oficialmente fijada para el jueves 23 de abril a las 3:00 p.m., según confirmaron fuentes judiciales. El proceso estará a cargo de la magistrada Blanca Barreto, integrante de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del país para este tipo de casos.
Este desarrollo representa un momento significativo en uno de los casos de mayor repercusión política de los últimos años, vinculando directamente a un exalto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro con decisiones administrativas que ahora son examinadas bajo el lente de la justicia penal colombiana.
