Juez de Bucaramanga suspendido por declaraciones contra la Policía Nacional
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha ratificado la sanción de cuatro meses de suspensión impuesta a un juez penal municipal de Bucaramanga, tras determinar que sus afirmaciones durante una audiencia judicial, donde catalogó a la Policía Nacional como una fuerza terrorista, sobrepasaron los límites de su función y comprometieron la imagen de la administración de justicia en Colombia.
Detalles del caso y contexto de las declaraciones
Los hechos ocurrieron el 9 de junio de 2021 durante el desarrollo de dos audiencias preliminares en las que el juez Ramiro Andrés Rivero Álvarez, quien ejercía como Juez Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías en Bucaramanga, manifestó que dejar a un procesado bajo custodia policial equivalía a ponerlo en peligro de perder su vida o ser torturado.
Acto seguido, el magistrado afirmó textualmente que la policía se ha convertido en una fuerza terrorista que ataca y atenta en contra de los ciudadanos, añadiendo que, dada la situación del país, lo normal es que cualquier persona cuando vea un policía se asuste.
Fundamentos de la sanción disciplinaria
El magistrado ponente Carlos Arturo Ramírez Vásquez confirmó la decisión de primera instancia, estableciendo que el juez incurrió de forma dolosa en una falta grave al violar el deber legal de observar permanentemente consideración y cortesía en sus relaciones con el público. La Comisión precisó que:
- Las declaraciones constituyeron aseveraciones denigrantes, indecorosas e irrespetuosas contra los miembros de la Policía Nacional.
- El derecho a la libre expresión no es absoluto cuando se ejerce desde la función pública, pues existen límites estrictos para preservar la confianza ciudadana y el respeto por las instituciones.
- Si el juez conocía actuaciones irregulares de las autoridades en casos concretos, debió limitarse a ordenar la compulsa de copias, sin emitir valoraciones generales que contravenían la mesura esperada de un administrador de justicia.
Argumentos de la defensa y contexto del estallido social
La defensa del juez apeló la sanción argumentando que sus expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión y debían interpretarse en el contexto del estallido social de 2021, período durante el cual se presenció un uso desproporcionado de la fuerza oficial en diversas manifestaciones.
El abogado defensor explicó que no hubo ataques individuales contra agentes policiales, sino una crítica institucional como cuerpo armado del Estado, enfocada en señalar patrones de comportamiento durante un momento de alta tensión social.
Repercusiones y posibles apelaciones
Aunque aún no se conoce el tiempo exacto de la condena, los abogados de los agresores han anunciado que apelarán la decisión, lo que podría generar nuevas repercusiones en el ámbito político y judicial colombiano. Este caso se suma a otros debates sobre los límites de la expresión pública de funcionarios judiciales y la relación entre las instituciones del Estado en un contexto de polarización.
La decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial enfatiza la necesidad de que los operadores de justicia mantengan un equilibrio entre sus opiniones personales y las responsabilidades inherentes a su cargo, especialmente cuando sus declaraciones pueden afectar la percepción pública de instituciones fundamentales como la Policía Nacional.
