La JEP toma medida drástica contra exjefe de seguridad presidencial
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia decretó este lunes la expulsión del general retirado de la Policía Mauricio Santoyo, quien se desempeñó como jefe de seguridad durante la presidencia de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010. La decisión se fundamenta en el incumplimiento grave e injustificado de su régimen de condicionalidad, específicamente en la obligación de aportar verdad plena sobre los hechos del conflicto armado en sus comparecencias ante este tribunal transicional.
Consecuencias inmediatas de la expulsión
Con esta determinación, el oficial retirado pierde automáticamente todos los tratamientos especiales y beneficios judiciales que le habían sido otorgados por las autoridades dentro del Sistema Integral para la Paz. Estos privilegios estaban contemplados para quienes comparecen voluntariamente ante la JEP, el mecanismo de justicia transicional creado mediante el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno nacional y la antigua guerrilla de las FARC.
No obstante, la resolución deja abierta la posibilidad de que Santoyo presente un recurso de reposición, mediante el cual podría solicitar que la JEP revise, aclare, modifique o incluso revoque completamente esta decisión. Alternativamente, también tiene derecho a interponer una apelación formal contra el fallo.
Antecedentes del caso Santoyo
El general retirado comparece ante la JEP en dos macroprocesos de especial relevancia:
- La investigación sobre la victimización de miembros del partido político de izquierda Unión Patriótica (UP)
- Los crímenes cometidos por la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado
Actualmente, Santoyo enfrenta dos procesos penales en la justicia ordinaria que se encuentran suspendidos parcialmente mientras permanezca sometido a la jurisdicción especial. Estos casos son:
- Concierto para delinquir agravado y desaparición forzada
- Enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Precisamente por estos últimos delitos, el exjefe de seguridad fue condenado por la justicia estadounidense y cumplió una pena de 85 meses de prisión bajo extradición. Posteriormente, en septiembre de 2021, fue aceptado en la JEP para los dos procesos mencionados, recibiendo el beneficio transitorio de privación de la libertad en una unidad policial.
Falta de colaboración en audiencias recientes
Durante una audiencia celebrada en marzo de 2024, Santoyo negó categóricamente cualquier responsabilidad por los hechos que se le imputan y, según los magistrados, no aportó información nueva o relevante para el esclarecimiento de la verdad histórica. Esta actitud de no colaboración llevó a que, dos meses después, la JEP denegara la libertad al general retirado.
En caso de que la expulsión se mantenga definitivamente, las investigaciones en su contra serán remitidas a la justicia ordinaria y Santoyo continuará privado de su libertad, perdiendo así la oportunidad de acceder a los beneficios de la justicia transicional que ofrece el sistema de paz colombiano.
