Incumplen orden de Petro: líderes criminales siguen en cárcel de Itagüí
Han pasado más de 30 días desde que el presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de los líderes criminales del Valle de Aburrá que aparecieron en una fiesta vallenata con el cantante Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí. Sin embargo, la directriz no se ha cumplido a cabalidad. Hasta ahora, solo uno de los internos, alias Pocho, ha sido reubicado en un penal de alta seguridad en Girón, Santander.
¿Qué dijo el presidente Petro?
El pasado 13 de abril, durante un consejo de ministros, Petro fue enfático: “Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra, trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”. La orden se refería a los cabecillas de bandas criminales que negocian la paz con el Gobierno, quienes fueron grabados en una parranda vallenata dentro del centro penitenciario.
¿Por qué no se ha ejecutado la orden?
Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) indican que la demora se debe a la intervención del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien debe coordinar los traslados. Sin embargo, solo alias Pocho, líder de La Agonía de Medellín, fue enviado a Girón. Otros internos como alias Carlos Pesebre, alias Douglas y alias Lindolfo permanecen en Itagüí. Movimientos sociales han pedido que no se afecten los procesos de paz regionales.
Desencuentros entre Petro y Patiño
Esta no es la única discrepancia entre el presidente y el comisionado. Petro admitió no conocer la propuesta de Patiño de suspender órdenes de captura contra líderes del Clan del Golfo, lo que la Fiscalía negó. La falta de comunicación quedó en evidencia.
La polémica fiesta vallenata
Los videos mostraban a Nelson Velásquez cantando en el patio uno de la cárcel, donde están recluidos jefes criminales. El Inpec confirmó que el evento no tenía autorización y abrió investigaciones. La Procuraduría investiga a más de diez funcionarios. Según denuncias, la fiesta costó 500 millones de pesos e incluyó alcohol, equipos de sonido y comida, todo prohibido en una prisión de máxima seguridad.
Además, se reveló que la cárcel de Itagüí carecía de cámaras de vigilancia internas durante tres años, lo que dificultó las investigaciones. El Inpec había solicitado su renovación desde 2023, pero el proceso estaba pendiente. Tras el escándalo, el Gobierno anunció la instalación de 36 nuevas cámaras y el refuerzo de controles.
