Exmandatario santandereano enfrenta nuevo proceso judicial por presuntas irregularidades millonarias
El exgobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo fue llamado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales. El caso se centra en un contrato de 2007 para la entrega de juguetes navideños a niños del departamento.
Antecedentes judiciales del cacique político
Esta no es la primera vez que Aguilar se sienta en el banquillo de los acusados. El exmandatario, quien gobernó Santander entre 2004 y 2007, ya enfrentó un proceso por parapolítica que le significó una condena de 13 años de prisión. Posteriormente, fue absuelto en otro caso por irregularidades en convenios con la Corporación Parque Nacional del Chicamocha.
"Es uno de los principales caciques santandereanos", señalan los antecedentes del caso, destacando su influencia política que extendió a través de sus hijos Richard y Mauricio Aguilar, quienes gobernaron posteriormente, y su apoyo a la candidatura de Didier Tavera, gobernador entre 2016 y 2019.
El contrato "Aguinaldo Feliz" bajo la lupa
La Fiscalía General de la Nación acusó a Aguilar por anomalías en la ejecución del contrato denominado "Aguinaldo Feliz de los Niños del Departamento", que tenía como objetivo la compra y distribución de juguetes navideños en diciembre de 2007 con un presupuesto de 650 millones de pesos.
Según la investigación, se contrató la dotación de 130.000 juguetes "sin que mediara estadística, medición o diagnóstico alguno". La acusación señala específicamente que "no existe sustento para haber fijado 65.000 juguetes para niños y la misma cantidad para niñas", lo que representaría un incumplimiento de la Ley 80 y del Decreto 2170 de 2002.
Modificaciones sospechosas y detrimento patrimonial
Uno de los aspectos más cuestionados del proceso contractual fue el modificatorio 01, que redujo la cantidad de juguetes de 130.000 a 100.000 unidades mientras incrementaba simultáneamente el valor unitario, manteniendo intacto el monto total de 650 millones de pesos.
La Fiscalía argumentó que esta modificación "corresponde a una inadecuada, y mejor aún, inexistente planeación del presupuesto oficial del contrato por parte de la Gobernación". El ente acusador calculó que esta decisión "impactaría a 30.000 menores de edad" que quedaron sin recibir los juguetes prometidos.
Testigo amenazado y protección especial
Durante la audiencia de acusación, la fiscal reveló que Martín Orlando Mojica, uno de los testigos clave del caso, había interpuesto denuncias por amenazas. La representante del Ministerio Público anunció que solicitaría a la Unidad de Protección de Testigos "dar prioridad al estudio de riesgo del señor Mojica".
Responsabilidad del exgobernador
La Fiscalía sostiene que el conocimiento y voluntad de Hugo Aguilar se infieren de su "relacionamiento indispensable con su delegado", quien le rendía cuentas de gestión. Según la acusación, el entonces gobernador conocía el trámite y suscripción del contrato sin la observancia de requisitos legales esenciales.
El ente investigador señala que Aguilar Naranjo, en coparticipación con:
- Holger Horacio Díaz Hernández, secretario de Desarrollo y delegado para la contratación
- Fanny Gómez de Cárdenas, supervisora del contrato
- María Piedad Solano Gómez, representante legal de Fundacon (el contratista)
Se habría apropiado en provecho de esta última de 416 millones de pesos, usando como fachada la entrega del aguinaldo a los niños santandereanos.
Contexto de delegación de facultades
El caso se remonta al 23 de enero de 2004, cuando Aguilar delegó en las secretarías de su despacho la facultad de seleccionar, adjudicar y celebrar contratos. Sin embargo, las solicitudes de disponibilidad presupuestal requerían el visto bueno del gobernador, excepto en gastos de funcionamiento donde bastaba el aval del secretario general.
Este contexto es fundamental para determinar la responsabilidad del exmandatario en el presunto detrimento patrimonial del Contrato de Apoyo a Programa de Interés Público de 2007, que según la Fiscalía fue tramitado y celebrado "desconociendo requisitos esenciales de la contratación y afectando el patrimonio público".
