El choque entre el Gobierno y la rama judicial escaló nuevamente luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que expedirá nuevos decretos tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones. Aunque la decisión judicial frenó el giro de cinco billones de pesos, el alcance de la medida ha generado debate público y jurídico.
¿Qué dijo el Consejo de Estado?
El Consejo de Estado no se pronunció sobre la existencia de los recursos ni sobre la seguridad de las pensiones, sino sobre las facultades utilizadas por el Ejecutivo para definir el destino de esos dineros. La determinación del alto tribunal estableció que el Gobierno habría excedido sus competencias al decidir, sin autorización del Congreso, sobre el manejo de esos recursos. La suspensión se produjo porque el decreto modificó el destino del dinero de las pensiones, una facultad que corresponde al Legislativo.
En ese sentido, el dinero continúa existiendo y disponible, y sigue generando rendimientos. La medida judicial suspendió temporalmente el destino de los recursos, pero no afecta su existencia ni pone en riesgo las pensiones.
Reacciones y riesgos institucionales
El anuncio del mandatario se produjo luego de varios días de cuestionamientos a la decisión judicial. Los pronunciamientos generaron reacciones desde distintos sectores y llamados al respeto por la separación de poderes, al considerar que no es la primera ocasión en la que el presidente cuestiona decisiones de otras ramas del poder público cuando resultan contrarias a los intereses del Gobierno.
La posibilidad de que el Ejecutivo expida nuevas normas similares abre una discusión jurídica sobre los límites de esa facultad y sobre las consecuencias que podría traer para el trámite judicial en curso. “Sí, podría. De hecho, es lo que hizo con el salario mínimo. Lo que ocurre es que el precedente es muy malo para la institucionalidad y la democracia. Al final, el presidente olvida que los jueces no hacen recomendaciones, los jueces ordenan y esas órdenes deben ser acatadas por todos aquellos que creemos en las reglas del estado de derecho”, dijo el abogado Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia.
Límites legales para reproducir actos suspendidos
Sin embargo, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece límites frente a la expedición de actos que reproduzcan decisiones ya suspendidas. Al revisar el artículo 237, la norma señala: “Prohibición de reproducción del acto suspendido o anulado. Ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido si conserva en esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas, a menos que con posterioridad a la sentencia o al auto, hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión”.
Bajo ese escenario, si el Gobierno emite nuevos decretos en el mismo sentido de ordenar el traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones, podría enfrentarse nuevamente a cuestionamientos judiciales y a nuevas solicitudes de suspensión.
Mecanismo de control judicial
El artículo 238 también prevé un mecanismo para esos casos: “Si se trata de la reproducción del acto suspendido, bastará solicitar la suspensión de los efectos del nuevo acto, acompañando al proceso copia de este. Esta solicitud se decidirá inmediatamente, cualquiera que sea el estado del proceso y en la sentencia definitiva se resolverá si se declara o no la nulidad de ambos actos”.
Expertos advierten que la decisión del Ejecutivo de insistir en la misma vía podría generar un precedente negativo para la institucionalidad y la democracia, al desconocer las órdenes judiciales. El debate sobre los límites del poder presidencial y la separación de poderes continúa abierto.
