La Fiscalía General de la Nación emitió la Resolución 00119 de 2026, un acto administrativo que establece lineamientos para la investigación de crímenes y amenazas contra periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios. Esta medida busca fortalecer la respuesta institucional ante agresiones a la prensa, incorporando estándares más rigurosos, oportunos y con enfoque diferencial, reconociendo el papel esencial del periodismo en la sociedad.
Contexto y justificación
Las expresiones de violencia contra periodistas no solo afectan a las víctimas de manera individual, sino que también impactan directamente el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público. Por ello, la resolución dispone que las investigaciones deben desarrollarse con una comprensión amplia del contexto, considerando tanto la agresión sufrida como los hechos que el periodista venía denunciando o verificando en ejercicio de su labor. Esto permitirá identificar posibles móviles relacionados con censura o retaliación por poner en evidencia intereses ilícitos.
Estándares de debida diligencia
La Resolución 00119 de 2026 fija un estándar de debida diligencia reforzada para que los fiscales actúen con celeridad, exhaustividad y rigor técnico. Se busca evitar dilaciones injustificadas y garantizar la recolección, preservación y análisis integral de las pruebas. Además, introduce medidas específicas para casos que impliquen riesgo actual o inminente para la vida, la integridad o el ejercicio periodístico. En estos casos, se deberá priorizar la protección de la víctima, la verificación inmediata del riesgo y la activación de mecanismos de protección que prevengan nuevas agresiones.
Enfoque diferencial
La resolución incorpora un enfoque diferencial que reconoce la condición de periodista a partir del ejercicio real de la labor informativa, sin exigir acreditaciones formales. Esto incluye a quienes desarrollan su trabajo en entornos digitales. Cada caso será analizado teniendo en cuenta el posible efecto de amedrentamiento o autocensura, así como su impacto en la circulación de información de interés público.
Medidas operativas
En materia operativa, se fortalecen los procesos de recepción, registro y enrutamiento de denuncias, con el propósito de garantizar una adecuada identificación de la condición de la víctima y del nexo entre los hechos denunciados y su actividad periodística. Igualmente, se promueve la articulación entre las distintas dependencias y direcciones especializadas de la entidad, facilitando el intercambio de información, el análisis conjunto de los casos y la identificación de patrones criminales. Esto evitará la fragmentación de las investigaciones y mejorará la efectividad en la respuesta.
