Fiscalía presenta acusación formal contra exprocurador y magistrados por caso de predios estatales
La Fiscalía General de la Nación ha radicado formalmente ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra el exprocurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez y los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado. La acción judicial se fundamenta en su presunta participación en la aprobación irregular de un acuerdo que permitió la venta de bienes del Estado, específicamente los predios conocidos como Cuba y Casablanca, ubicados en la vía entre Barranquilla y Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico.
Detalles de la investigación y cargos imputados
Según la investigación del ente acusador, los funcionarios habrían avalado un acuerdo conciliatorio que facilitó la venta directa de estos predios, a pesar de que se encontraban afectados por medidas cautelares dentro de procesos de extinción de dominio. Los hechos investigados se remontan a decisiones adoptadas entre los años 2009 y 2010, cuando, de acuerdo con la Fiscalía, los entonces funcionarios judiciales habrían aprobado la comercialización de los terrenos, ignorando deliberadamente las restricciones legales que pesaban sobre ellos.
Los cargos imputados incluyen:
- Prevaricato por acción para todos los acusados.
- Peculado por apropiación en favor de terceros agravado, en concurso heterogéneo, para dos de los implicados.
La Fiscalía sostiene que su actuación habría favorecido intereses particulares en detrimento del patrimonio público, configurando un grave daño al erario nacional.
Impacto económico y patrimonial del caso
La operación de venta irregular habría generado un detrimento patrimonial significativo. Los predios fueron vendidos por aproximadamente 3.500 millones de pesos colombianos, a pesar de que su valor real superaba los 36.000 millones de pesos. Este desfase representa una pérdida estimada cercana a los 20.000 millones de pesos, con especial impacto en el predio Casablanca. En el caso del predio Cuba, la Fiscalía señaló que se configuró una tentativa de apropiación, ya que el daño no se concretó plenamente, pero igualmente evidencia la intención delictiva.
Los elementos materiales probatorios recaudados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema indican que tanto el exprocurador como los magistrados tenían conocimiento pleno de las medidas cautelares que afectaban los bienes. A pesar de esta información, habrían facilitado activamente la aprobación del acuerdo que permitió su venta, lo que refuerza la gravedad de los cargos presentados.
Contexto legal y próximos pasos procesales
Este caso se enmarca en esfuerzos por combatir la corrupción en la administración de justicia y la protección del patrimonio estatal. La radicación del escrito de acusación ante la Corte Suprema de Justicia marca un hito importante en la investigación, que ahora procederá a la fase de juicio, donde se evaluarán las pruebas y los argumentos de ambas partes. La Fiscalía ha enfatizado que la actuación de los acusados no solo violó normas legales, sino que también socavó la confianza pública en las instituciones judiciales.
El seguimiento de este proceso judicial será crucial para determinar responsabilidades y sentar precedentes en casos similares, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los bienes del Estado.
