Condena por magnicidio de Miguel Uribe Turbay marca precedente judicial
La defensa legal de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se pronunció de manera contundente tras la condena impuesta contra Katherine Andrea Martínez, conocida con el alias de "Gabriela", y aseguró que la decisión judicial establece un precedente histórico al reconocer que el asesinato obedeció a una estructura criminal organizada con fines políticos.
Sentencia de 21 años revela organización criminal
Víctor Mosquera, abogado representante de la familia Uribe Turbay, sostuvo que la sentencia de 21 años de prisión deja absolutamente claro que el magnicidio no fue un acto aislado o improvisado, sino el resultado de una minuciosa planificación previa ejecutada por una organización con funciones distribuidas y coordinación logística perfectamente definida.
Según la explicación detallada de la representación de las víctimas, el fallo judicial establece de manera categórica que existió una estructura criminal con mando, dirección y financiación específica, lo que refuerza sustancialmente la tesis de que el crimen tuvo una finalidad política premeditada.
Responsabilidades penales dentro de la estructura
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró responsable a Martínez por los delitos de:
- Concierto para delinquir agravado
- Homicidio agravado
- Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado
En la decisión judicial se determinó que su participación criminal formó parte integral de un engranaje delictivo que actuó de manera completamente estructurada y organizada.
Desde la representación legal de la familia se indicó que este pronunciamiento judicial constituye un avance significativo en el esclarecimiento total del caso, en la medida en que fija responsabilidades penales concretas dentro de la estructura criminal que ejecutó el magnicidio. Asimismo, se resaltó de manera especial la labor investigativa adelantada por la Fiscalía General de la Nación y el despacho judicial que conoció el complejo proceso.
Búsqueda continua de determinadores y financiadores
No obstante estos avances, el abogado Víctor Mosquera advirtió con firmeza que la responsabilidad penal no se limita exclusivamente a quienes participaron directamente en la ejecución física o en la logística operativa del asesinato.
En ese sentido crucial, anunció que continuarán intensificando las acciones legales para lograr la identificación, localización y posterior judicialización de los determinadores superiores, instigadores intelectuales y financiadores ocultos del magnicidio.
El proceso judicial permanece completamente abierto frente a otros posibles implicados que harían parte de la organización criminal señalada en la sentencia, lo que sugiere que nuevas revelaciones y detenciones podrían producirse en el futuro inmediato.
