El Salvador da un giro histórico hacia la cadena perpetua
En un movimiento sin precedentes, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas, aprobó este martes una reforma constitucional que instaura la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas. Esta iniciativa, propuesta por el gobierno del presidente Nayib Bukele, marca un punto de inflexión en la política de seguridad del país centroamericano, que lleva cuatro años bajo régimen de excepción.
Detalles de la reforma constitucional
La modificación específica el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución salvadoreña. Anteriormente, este artículo establecía: "Se prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento". La nueva versión, una vez ratificada, quedaría así: "Se prohíbe la prisión por deuda, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, los violadores y los terroristas".
Este cambio elimina la prohibición de penas perpetuas que existía desde la redacción original de la Carta Magna. Hasta ahora, la condena máxima en El Salvador era de 60 años, con posibilidad de reducción de sentencia mediante mecanismos legales, los cuales también quedarían eliminados con esta reforma.
Proceso de aprobación y próximos pasos
La iniciativa fue aprobada con 59 votos a favor de los 60 legisladores presentes, demostrando el amplio respaldo parlamentario con que cuenta el gobierno de Bukele. La única votante en contra fue la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor VAMOS.
Ahora, la reforma debe pasar a la Comisión Política del órgano Legislativo para su estudio formal, antes de ser ratificada en una sesión plenaria del Congreso. Este último paso se considera un mero trámite debido al masivo apoyo político que tiene la medida.
Argumentos a favor y en contra
Los defensores de la reforma, como la diputada Suecy Callejas de Nuevas Ideas, argumentan que el objetivo es que los criminales "no salgan a la calle y que cumplan su pena para siempre". El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que la "guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene", en clara referencia a los pandilleros.
Las voces críticas, encabezadas por la diputada Claudia Ortiz, califican la reforma como una "improvisación" del gobierno. Ortiz advirtió que "a cualquiera se lo pueden llevar preso sin pruebas, sin un debido proceso, siendo inocente", y expresó preocupación porque estas medidas podrían ser usadas en contra de ciudadanos comunes en el futuro.
Contexto y preocupaciones internacionales
La reforma se produce en un contexto donde El Salvador mantiene un régimen de excepción desde hace cuatro años, que ha resultado en la detención de aproximadamente 91.500 personas sin orden judicial, acusadas de ser miembros o cómplices de pandillas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que el país centroamericano tiene la mayor población carcelaria del mundo, con unos 1.700 prisioneros por cada 100.000 habitantes. La agrupación humanitaria Socorro Jurídico asegura que unos 500 presos han muerto bajo este régimen sin juicio previo.
Expertos jurídicos advierten que la medida podría violar acuerdos internacionales ratificados por El Salvador, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige en su artículo 5.6 que la pena tenga como finalidad "la reforma y readaptación social".
Impacto en el sistema judicial
La abogada penalista Roxana Cardona expresó preocupación de que con esta medida "los centros penales se van a convertir en pozos humanos", y advirtió sobre el riesgo de que personas inocentes puedan verse afectadas.
Además, la reforma parece contradecir el inciso tres del mismo artículo 27 constitucional, que establece que "el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos".
Efectividad cuestionada
Estudios internacionales, como el realizado por la organización Sentencing Project en Estados Unidos, sugieren que existe una relación débil entre condenas más largas y la reducción del crimen. El análisis indica que "el hecho de encarcelar a más personas y alargar las penas de prisión no resuelve las necesidades de seguridad subyacentes de las comunidades".
La reforma constitucional representa un cambio radical en el enfoque de justicia de El Salvador, pasando de un sistema que teóricamente buscaba la rehabilitación a uno puramente punitivo, en medio de un contexto político donde Bukele mantiene niveles de aprobación superiores al 90% y se ha convertido en un modelo para otros líderes regionales.
