La Corte Constitucional, en una votación de 8-0 y con ponencia del magistrado Vladimir Fernández, tumbó el último decreto del paquete reglamentario de la emergencia económica declarada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República. La decisión se tomó como consecuencia de la caída del decreto 'madre', ya que el Gobierno no logró comprobar que los hechos invocados (el hundimiento de la reforma tributaria) fueran extraordinarios o sobrevinientes.
Efectos retroactivos y devolución de recursos
El alto tribunal determinó que la inexequibilidad del artículo 1 del decreto tendrá efectos retroactivos. Esto implica que los recursos recaudados mediante la contribución parafiscal creada deberán ser devueltos o compensados a los contribuyentes. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberá aplicar los mecanismos legales existentes o adoptar los necesarios para garantizar la devolución o compensación efectiva de dichos recursos, lo cual deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación de esta providencia.
Descuento tributario para energía eléctrica
En cuanto al artículo 2, la Corte Constitucional también ordenó efectos retroactivos, pero de carácter compensatorio. En este caso, el valor de la energía eléctrica que haya sido efectivamente suministrada bajo esa norma deberá reconocerse como un descuento tributario del 100% en el impuesto de renta. Con esta decisión, la Sala Plena de la Corte terminó formalmente el examen constitucional de esa primera emergencia económica que fue suspendida provisionalmente por orden del alto tribunal y terminó cayéndose.
Esta decisión marca un hito en el control constitucional de las medidas de emergencia, reafirmando la necesidad de que el Gobierno demuestre la existencia de hechos extraordinarios para justificar dichas declaraciones. La Corte enfatizó que la falta de comprobación de tales hechos llevó a la inexequibilidad del decreto, protegiendo así los derechos de los contribuyentes y la estabilidad fiscal del país.
