Corte Suprema de Colombia niega por tercera vez la libertad a Sandra Ortiz vinculada al escándalo de la UNGRD
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha rechazado, por tercera ocasión consecutiva, la acción constitucional presentada por la defensa de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien buscaba obtener su libertad en medio del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con esta decisión, Ortiz continuará privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, mientras avanza el proceso penal en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Razones detrás de la negativa de libertad
El alto tribunal estudió detenidamente la tutela interpuesta contra varias autoridades judiciales que habían intervenido previamente en decisiones relacionadas con su situación jurídica. En particular, la Corte analizó dos aspectos centrales: el trámite del hábeas corpus y la determinación adoptada por el Juzgado 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que había negado la libertad por vencimiento de términos. Tras una revisión exhaustiva de los antecedentes y argumentos, la Sala concluyó que no existía vulneración de derechos fundamentales en la decisión adoptada dentro del trámite de hábeas corpus.
Para la Corte Suprema, no hubo irregularidades que justificaran intervenir vía tutela en una decisión que ya había sido adoptada dentro del marco legal establecido. Además, el tribunal destacó que la accionante contaba con un medio ordinario idóneo para controvertir esa decisión, específicamente el recurso de apelación, del cual desistió de manera voluntaria. Este desistimiento impide habilitar la intervención del juez de tutela, reforzando así la negativa a conceder la libertad solicitada.
Intentos fallidos y estrategias contradictorias de Sandra Ortiz
Este revés judicial se suma a una serie de intentos fallidos por modificar la situación jurídica de la exconsejera presidencial. En los últimos meses, su defensa ha realizado múltiples solicitudes, incluyendo:
- Acceso a informes financieros de terceros.
- Petición de preclusión del proceso penal.
- Alegatos sobre cambios en los fundamentos del delito de tráfico de influencias desde la imputación inicial.
Ninguna de estas solicitudes ha prosperado, manteniendo a Ortiz en detención. Además, en un momento dado, la exconsejera manifestó haber solicitado un principio de oportunidad para aportar información que permitiría revelar órdenes superiores dentro de la cadena de hechos investigados. Esta postura colaborativa supone un reconocimiento tácito de participación en el entramado de corrupción, lo que contrasta marcadamente con la estrategia desplegada en los estrados judiciales.
En los tribunales, la defensa de Ortiz ha negado consistentemente los hechos, alegado vulneración de derechos fundamentales e incluso cuestionado la existencia misma de las conductas imputadas. Esta dualidad en su enfoque legal ha complicado aún más sus esfuerzos por obtener la libertad, mientras el caso continúa avanzando en el sistema judicial colombiano.
