Corte Suprema enfrenta división interna sobre caso de corrupción en la UNGRD
La ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que solicita formalmente acusar y enviar a la cárcel a cinco congresistas investigados por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), se encuentra con una Sala de Instrucción profundamente dividida en sus posturas jurídicas.
Debate jurídico en vísperas de elecciones legislativas
El debate se desarrolla a apenas una semana de las elecciones legislativas, situación que podría afectar directamente las candidaturas de Wadith Manzur y Karen Manrique, dos de los seis aforados involucrados en este escándalo de corrupción. Pese al proceso judicial en su contra, ambos aspiran a reelegirse en el Congreso de la República.
Los seis congresistas implicados son:
- Wadith Manzur (Partido Conservador)
- Liliana Esther Bitar (Partido Liberal)
- Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal)
- Karen Astrid Manrique (Curules de Paz)
- Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)
- Excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde)
Posible vicio procesal cuestiona investigación
Uno de los argumentos centrales que podría anular el proceso actual gira en torno a un supuesto vicio de procedimiento en la investigación contra Wadith Manzur. Según documentos internos, este caso originalmente correspondía al despacho del magistrado Héctor Alarcón, pero habría sido reasignado "a dedo" al magistrado Misael Rodríguez sin cumplir con el debido procedimiento.
En julio de 2024, se filtró a medios de comunicación un oficio de la Sala de Instrucción que cuestionaba severamente esta asignación irregular, realizada por el entonces presidente de esa instancia, el magistrado César Reyes. La carta, que aparentemente provino del despacho de la magistrada Cristina Lombana, señalaba claras irregularidades en el proceso de reparto del expediente.
División sobre medidas de aseguramiento
La otra postura que genera intenso debate es la negativa a imponer medidas de aseguramiento contra los cinco parlamentarios investigados. Esta posición ya se había impuesto en octubre pasado, cuando el magistrado Rodríguez presentó inicialmente una ponencia de 500 páginas solicitando su encarcelamiento preventivo.
En aquella oportunidad, el argumento de que existía riesgo de interferencia en la etapa de recolección de pruebas fue derrotado por la mayoría de la Sala. Ahora, la discusión se centra en determinar si existen pruebas sobrevinientes o nuevas justificaciones que ameriten apartar a los congresistas de sus funciones públicas, especialmente ahora que están formalmente llamados a juicio.
Escenario probable según fuentes judiciales
Aunque las aguas permanecen divididas dentro de la Corte Suprema, las posturas predominantes apuntan hacia un escenario específico: se aceptaría la acusación formal contra los seis congresistas por los delitos de cohecho impropio, pero se negaría la imposición de medidas de aseguramiento.
Esta decisión tendría consecuencias prácticas inmediatas: permitiría a los procesados continuar con sus campañas políticas y, en caso de resultar elegidos, posesionarse normalmente en sus curules congresionales. El debate refleja la complejidad jurídica y política de un caso que involucra a múltiples actores del establecimiento político colombiano en medio de un proceso electoral crucial.
La resolución final de la Corte Suprema establecerá un precedente significativo sobre el tratamiento judicial de congresistas investigados por corrupción, especialmente cuando sus procesos coinciden con períodos electorales que determinan su continuidad en el poder legislativo.
