Caso UNGRD: La decisión judicial que marcará el destino de congresistas
Con los resultados de las elecciones al Congreso aún frescos, la Corte Suprema de Justicia se prepara para definir el futuro judicial de cinco congresistas y un excongresista imputados por cohecho impropio en el mayor escándalo de corrupción vinculado al saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El debate judicial y los conjueces decisivos
EL TIEMPO conoció que el debate de la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, realizado los días 4 y 5 de marzo, fue particularmente intenso. La discusión no solo se centró en la solicitud de cárcel para los implicados, presentada justo tres días antes de las elecciones –lo que afectaría directamente las candidaturas de dos investigados que buscaban la reelección–, sino también en una serie de argumentos jurídicos que no lograron consenso.
La controversia, que incluye matices sobre cuántos congresistas deberían ir a prisión o ser llamados a juicio, será finalmente dirimida por dos conjueces: Alfredo Rey y Javier Fonseca. Estos profesionales tendrán la responsabilidad de destrabar el debate el próximo 11 de marzo.
Alfredo Rey, de 84 años, es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, con una trayectoria que incluye cargos como juez penal y viceministro de Comunicaciones. Por su parte, Javier Fonseca es abogado penalista con maestría en Derecho de la Universidad de los Andes. Sus perfiles han generado cierta preocupación en las defensas de los congresistas, ya que no están especializados exclusivamente en derecho penal.
Los implicados y las acusaciones
La Sala de la Corte Suprema deberá decidir si llama a juicio y envía a la cárcel a:
- Wadith Manzur (Partido Conservador)
- Liliana Esther Bitar (Partido Liberal)
- Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal)
- Karen Astrid Manrique (Curules de Paz)
- Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)
- Juan Diego Muñoz, excongresista (Alianza Verde)
Los aforados son señalados de acondicionar su voto favorable a iniciativas del Gobierno a cambio de proyectos financiados con recursos de la UNGRD en sus regiones. Se trata de una negociación ilegal que, según las investigaciones, fue planeada por altos funcionarios como el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González –actualmente prófugo de la justicia–, con el objetivo de "apadrinar" congresistas y facilitar proyectos como el de endeudamiento.
Evidencias y testimonios clave
El expediente, que supera los 1.500 folios, incluye testimonios cruciales como el del presidente Gustavo Petro, quien el 6 de febrero de 2025 declaró bajo juramento que el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le informó sobre dificultades en el Congreso para aprobar proyectos, pero nunca mencionó presiones particulares.
Actualmente, Ricardo Bonilla se encuentra en prisión junto con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, este último señalado como el ideólogo del plan criminal para corromper a miembros de las comisiones económicas.
La Corte también recopiló declaraciones de exdirectivos de la UNGRD, la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz –también detenida por el escándalo– y el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, quien cuestionó el traslado de 200.000 millones de pesos de la Dian a la UNGRD en 2023.
Posturas divergentes y empate judicial
Dentro de la Sala existen posturas jurídicas encontradas. Una corriente considera que el proceso está viciado por una falta de procedimiento en el reparto y debería ser devuelto para subsanarlo. Otra sostiene que, desde agosto pasado, cuando el magistrado ponente propuso medidas de aseguramiento que fueron rechazadas, no ha surgido ningún hecho nuevo que justifique la detención preventiva.
Este desacuerdo llevó a un empate 3/3 en la sesión del 5 de marzo, con opciones que variaban entre acusar sin ordenar cárcel o decretar prisión solo para algunos de los imputados. La decisión final ahora recae en los conjueces, cuyo fallo podría tener repercusiones significativas en el panorama político y judicial colombiano.
