Corte Suprema define este miércoles el llamado a juicio de seis congresistas por saqueo a la UNGRD
Este miércoles 4 de marzo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia discutirá la ponencia del magistrado Misael Rodríguez que define el llamado a juicio de los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, junto al excongresista Juan Diego Muñoz, investigados por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ponencia busca medidas de aseguramiento
En agosto pasado, el magistrado Rodríguez sometió a votación una ponencia que pedía dictar medida de aseguramiento contra los cinco parlamentarios en ejercicio, tras encontrar pruebas suficientes para enviarlos a la cárcel. Entre las evidencias destacan testimonios de altos funcionarios que detallaron un plan criminal para "comprar" el visto bueno de los congresistas a proyectos del Gobierno mediante contratos o cupos indicativos.
Aunque esa ponencia inicial no prosperó, permitiendo que los congresistas continuaran defendiéndose en libertad desde sus curules, el nuevo acervo probatorio recaudado en los últimos meses -incluyendo interceptaciones telefónicas reveladas en primicia por este diario- podría llevar a la Sala a pronunciarse nuevamente sobre las medidas de aseguramiento.
Testimonios clave y revelaciones
Los testimonios recogidos para este expediente incluyen declaraciones impactantes:
- Sandra Ortiz, exalta consejera para las Regiones actualmente encarcelada, aseguró que en un consejo de ministros hubo una directriz del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para que los integrantes de esa mesa "adoptaran" a un congresista y así direccionaran su voto a favor del Gobierno.
- Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, afirmó que denunció el manejo irregular de recursos del Ministerio de Hacienda durante la administración de Ricardo Bonilla -hoy en la cárcel- y que puso esa situación en conocimiento del Presidente sin obtener respuesta.
- Reyes señaló específicamente a Andrea Carolina Riveros como la persona encargada de implementar la metodología mediante la cual "los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales para que se direccionaran a entidades donde podían otorgarse contratos a contratistas que dirigían los recursos hacia los congresistas".
La prueba estrella: el celular de la exasesora
La evidencia más contundente proviene del celular de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda quien negoció inmunidad total con la Fiscalía a cambio de delatar el plan criminal para negociar ilegalmente el voto legislativo.
En un documento de 500 páginas revelado en agosto pasado, se incluyen los chats de Benavides con los congresistas Wadith Manzur y Liliana Bitar, así como con el entonces ministro y viceministro de Hacienda, Diego Guevara. En estas conversaciones se coordinan reuniones con integrantes de las comisiones legislativas, concretándose dos encuentros clave:
- Un desayuno el 4 de octubre donde se habría planteado la propuesta
- Una reunión el 31 de octubre en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, donde se concretaron los acuerdos
La Corte señala en su ponencia que "a partir de registros comunicacionales de María Alejandra Benavides Soto, la Sala ha establecido que, en los días siguientes al desayuno del 4 de octubre, los esfuerzos respecto de las labores de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público se enfocaron en lograr un espacio de encuentro entre los ministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves con algunos integrantes de la Comisión".
Interceptaciones telefónicas reveladoras
El expediente final incluye una serie de interceptaciones recolectadas por la policía judicial en el último trimestre de 2024, que respaldarían el vínculo de los congresistas con proyectos negociados con recursos de la UNGRD para sus regiones.
En una llamada telefónica de la representante Karen Manrique a la que tuvo acceso este diario, la congresista se refiere a un proyecto de obra en el tramo Tame-Puerto Rondón en Arauca. Según los interrogatorios de Sneyder Pinilla, el hombre que iba a administrar el contrato en Saravena -con el que presuntamente se habría transado a la congresista- era su esposo, Gustavo González Ruiz.
En la conversación, Manrique proporciona contactos del secretario de planeación y del alcalde para coordinar reuniones sobre proyectos en Tame-Puerto Rondón y San Roque, Antioquia, evidenciando su participación activa en la gestión de estos contratos.
Contexto político y declaraciones presidenciales
El presidente Gustavo Petro declaró el 6 de febrero de 2025, bajo certificación jurada, que "Bonilla le había informado sobre dificultades, pero nunca de presiones particulares". Mientras tanto, dos de sus excolaboradores, Carlos Ramón González (exdirector del Dapre) y Carlos Manrique (exdirector de Función Pública), se encuentran prófugos de la justicia por este caso.
La decisión de este miércoles marcará un punto de inflexión en uno de los escándalos de corrupción más significativos de los últimos años, con implicaciones directas sobre cinco congresistas en ejercicio y un excongresista, todos acusados de participar en el saqueo sistemático de recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres en Colombia.
