Corte Constitucional revoca condena de nueve años contra influencer trans caleña
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional ha tomado una decisión histórica al revocar completamente la condena de nueve años de prisión impuesta a Andrea Burgos, la reconocida influencer transgénero de Cali conocida popularmente como "La Burgos". La sentencia, que había sido dictada por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, fue anulada debido a graves irregularidades procesales que vulneraron sus derechos fundamentales.
Irregularidades en las citaciones y actuación de la defensa
El Colectivo Justicia Racial, encargado de la defensa de Burgos, presentó una acción de tutela que evidenció múltiples fallas en el proceso judicial. Según los documentos presentados ante la Corte, existieron deficiencias sustanciales en la comunicación de las citaciones a las audiencias preparatoria, de juicio oral y de lectura de sentencia.
La Corte Constitucional determinó que el Juzgado 004 Penal del Circuito de Buenaventura omitió notificar adecuadamente a la acusada sobre el desarrollo de estas audiencias cruciales. Esta omisión, según el alto tribunal, "influyó de manera determinante en el resultado final del proceso, al impedir que la señora ejerciera sus derechos de contradicción y defensa".
Problemas documentales y errores técnicos
La investigación de la Corte reveló problemas adicionales en la documentación del caso:
- El escrito de acusación inicial no contenía los datos de contacto de Andrea Burgos, pese a que ella los había proporcionado a las autoridades
- La Corte constató que esto se debió a "un error en la digitalización del escrito de acusación"
- Cada página del documento se encontraba cortada, imposibilitando conocer la información de contacto de la procesada
El Juzgado reconoció que se trató de "un error involuntario en el escaneo inicial", pero la Corte consideró que esta falla técnica contribuyó significativamente a las violaciones procesales.
Fallas en la representación legal y ausencia en audiencias
Durante las audiencias del 11 de septiembre y 21 de octubre de 2024, las autoridades judiciales simplemente dejaron constancia de la inasistencia de Burgos, argumentando que su condición de libertad no impedía continuar con el procedimiento. Sin embargo, la Corte encontró que no se tomaron medidas diligentes para asegurar su presencia.
El defensor público asignado inicialmente al caso declaró haber realizado "lo humanamente posible" para ubicar a la influencer, pero la Sala de Revisión determinó que "el defensor público tampoco realizó gestiones adicionales para ubicar a la accionante". Esta falta de diligencia profesional fue considerada como una violación adicional al derecho a la defensa.
Discriminación por identidad de género
Uno de los aspectos más significativos del fallo fue el reconocimiento de discriminación por identidad de género durante el proceso. La Corte documentó que las entidades judiciales se refirieron sistemáticamente a Andrea Burgos sin respetar su identidad de género, utilizando el género masculino y desconociendo su autoreconocimiento como mujer transgénero.
"La discriminación contra la población LGTBIQ+ empieza por el lenguaje que se usa", señaló el tribunal constitucional, anunciando que exhortará formalmente a las autoridades judiciales a evitar estos comportamientos y a respetar siempre el género con el que se identifican las personas.
Los hechos del caso y versiones contradictorias
Los eventos que originaron el proceso ocurrieron el 2 de diciembre de 2018 en Cali. Según la versión oficial, durante una requisa policial, Burgos habría arrojado un arma de fuego sobre el andén de una vivienda. Sin embargo, la defensa presentó una versión completamente diferente:
- Andrea Burgos salía de un funeral cuando observó a varias personas corriendo
- Decidió quedarse en el lugar por curiosidad
- La Policía nunca encontró un arma en su posesión directa
- Ella no pudo constatar si realmente había un objeto de ese tipo en el andén
- Durante su detención, un agente le habría dicho explícitamente: "Con usted me gano un permiso"
Consecuencias del fallo y medidas ordenadas
La Corte Constitucional no solo revocó la sentencia contra Burgos, sino que ordenó medidas específicas para prevenir situaciones similares:
- Protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la libertad de la influencer
- Orden a la Defensoría Pública para implementar mecanismos que aseguren la correcta recepción de citaciones
- Exhortación a todas las autoridades judiciales para respetar la identidad de género de las personas
- Revisión de protocolos de comunicación en procesos penales
Este fallo establece un precedente significativo para la protección de los derechos procesales y el reconocimiento de la identidad de género en el sistema judicial colombiano, marcando un avance en la garantía de igualdad ante la ley para la comunidad LGTBIQ+.
