La Corte Constitucional emitió un fallo histórico que protege el derecho de las mujeres a decidir sobre su parto de manera libre e informada, combatiendo la violencia obstétrica. El pronunciamiento se dio tras estudiar el caso de Verónica, una joven embarazada que solicitó en dos ocasiones que su parto se realizara mediante cesárea, luego de que su ginecóloga advirtiera sobre el riesgo de desgarros y otras complicaciones debido al tamaño del bebé.
Barreras en el sistema de salud
A pesar de la recomendación médica, Verónica enfrentó múltiples obstáculos por parte del personal de salud, que intentó persuadirla para optar por un parto vaginal o, al menos, intentarlo antes de autorizar la intervención quirúrgica. Para la Corte, estas actuaciones vulneraron su derecho a decidir de manera libre e informada sobre su propio cuerpo, configurando violencia obstétrica.
Violencia obstétrica normalizada
El alto tribunal puso el foco en la violencia obstétrica, una forma de violencia contra las mujeres que, según señaló, ha sido históricamente normalizada en los entornos médicos. De acuerdo con la sentencia, muchas prácticas que limitan la autonomía de las pacientes no son percibidas como violentas, sino como parte “natural” del proceso de parto.
La Corte Constitucional reconoció que la forma más común de violencia obstétrica suele estar asociada a la práctica de cesáreas sin consentimiento, pero fue enfática en señalar que también constituye violencia imponer obstáculos para acceder a este procedimiento cuando la mujer lo ha decidido de manera informada.
Derechos vulnerados
En el caso concreto, la Corte concluyó que la EPS y la IPS involucradas vulneraron los derechos fundamentales a la salud, la vida y la autonomía de Verónica. Si bien el parto finalmente se realizó por cesárea tras una orden provisional en primera instancia, la Corte ordenó a las entidades ofrecer disculpas a la paciente.
Medidas correctivas
Además de las disculpas, las entidades deberán implementar programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal médico sobre los derechos de las mujeres durante el embarazo, parto y posparto. Esta decisión sienta un precedente importante para garantizar que las mujeres puedan ejercer su autonomía reproductiva sin ser sometidas a presiones o violencias en el ámbito de la salud.
