Corte Suprema se inhibe de investigar a 26 congresistas por presuntas 'cuotas' en la Dian
La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión significativa al inhibirse de abrir investigación formal contra 26 congresistas y excongresistas que aparecían en un listado remitido por el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes. Este listado contenía nombres de políticos que presuntamente habrían enviado hojas de vida y recomendados para ser nombrados en cargos de la entidad recaudadora.
Proceso continúa contra tres aforados
Mientras la Corte descartó investigar a más de veinte congresistas, el despacho de la magistrada Cristina Lombana decidió continuar el proceso contra tres aforados específicos:
- Roy Barreras, exsenador de la República
- Gloria Arizabaleta, representante a la Cámara por el Pacto Histórico
- Jairo Castellanos, senador en ejercicio
Estos tres políticos seguirán siendo investigados por su presunta participación en el esquema de 'cuotas' dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Compulsión de copias contra gobernadora y otro implicado
La Corte Suprema también tomó medidas adicionales al compulsar copias contra dos figuras más mencionadas en el caso:
- Dilian Francisca Toro Torres, actual gobernadora del Valle del Cauca
- Gilberto Rondón González, otro implicado en las investigaciones
Estas compulsiones de copias tienen como objetivo que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema investigue las menciones específicas en contra de estas dos personas, separando así sus casos del proceso principal contra los congresistas.
Contexto del caso de 'cuotas' en la Dian
El origen de esta investigación se remonta a las denuncias sobre un presunto sistema de 'cuotas políticas' dentro de la Dian, donde congresistas y otras figuras políticas habrían utilizado su influencia para colocar personas en cargos dentro de la entidad recaudadora. El exdirector Luis Carlos Reyes había entregado un listado con 53 nombres de congresistas y excongresistas que supuestamente participaron en este esquema.
La decisión de la Corte Suprema representa un punto de inflexión en este caso judicial, ya que reduce significativamente el número de políticos que enfrentarán investigación formal por estas acusaciones. Sin embargo, mantiene la presión sobre tres figuras clave y amplía la investigación hacia otras dos personas mediante el mecanismo de compulsión de copias.
Este caso se enmarca en los esfuerzos por combatir la influencia política indebida en las entidades estatales, particularmente en organismos técnicos como la Dian que deben mantener independencia en sus funciones recaudadoras y de control fiscal.
