Expresidentes del Congreso enfrentan nuevo revés judicial en caso de corrupción
Los expresidentes del Congreso, el senador Iván Name y el representante Andrés Calle, reaparecieron este 5 de marzo en una audiencia virtual de la Corte Suprema de Justicia, donde la Sala de Primera Instancia negó los recursos de nulidad interpuestos por sus defensas contra la acusación por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Conectados desde la cárcel La Picota
Los parlamentarios se conectaron mediante la plataforma Zoom desde el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota, conocido coloquialmente como 'el Congresito'. Ambos continúan bajo medida de aseguramiento intramural desde julio pasado, acusados de recibir coimas de 3.000 millones de pesos en el caso de Name y 1.000 millones de pesos en el de Calle, presuntamente para favorecer el trámite de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.
Recursos judiciales sistemáticamente rechazados
Desde su detención, las defensas de Name y Calle han presentado una serie de recursos contra la medida de aseguramiento y contra la acusación misma, todos los cuales han sido negados por el alto tribunal. En esta última diligencia, la Sala notificó la negación específica de la nulidad solicitada por Calle, quien alegaba una afectación al debido proceso.
La Corte consideró que "no se configuró esta violación, toda vez que la apreciación sobre la existencia de la prueba necesaria para calificar, asignada al funcionario instructor, fue consecuente y razonable". Por lo tanto, el tribunal ordenó proseguir con el trámite procesal conforme a la ley, que incluye una etapa de juzgamiento con fase probatoria.
Proceso por graves delitos contra la administración pública
Los expresidentes del Congreso enfrentan cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación agravado, delitos que comprometen gravemente la confianza en las instituciones del Estado. El caso UNGRD ha revelado una compleja red de corrupción que involucra a múltiples actores políticos y ha generado un amplio debate sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos.
La persistencia de los recursos presentados por las defensas y su sistemática negación por parte de la Corte Suprema evidencian la solidez de la investigación y la determinación del sistema judicial colombiano de avanzar en este emblemático caso de corrupción.
