El 26 de febrero, el Gobierno colombiano dio a conocer el Decreto 0182, una normativa que pretendía reorganizar el sistema de salud mediante la territorialización de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Sin embargo, el Consejo de Estado, atendiendo una demanda de la exrepresentante a la Cámara Katherine Miranda, suspendió de manera provisional este documento.
¿Qué establecía el Decreto 0182?
El Decreto 0182, que ya había sido suspendido temporalmente en marzo por el Tribunal Administrativo de Antioquia, buscaba definir qué EPS podrían operar en cada municipio bajo nuevas reglas. En Medellín, por ejemplo, las EPS autorizadas para el régimen contributivo eran Sura, Salud Total, Savia Salud y Nueva EPS, dejando fuera a Sanitas y Coosalud. En el régimen subsidiado, las habilitadas eran Nueva EPS, Salud Total, Sura y Savia Salud, excluyendo nuevamente a Sanitas y Coosalud.
En Bogotá, la situación era similar. Para el régimen contributivo, las EPS permitidas incluían a Aliansalud, Salud Total, Sanitas, Compensar, Sura, Famisanar, Capital Salud y Nueva EPS, mientras que Coosalud, Mutual Ser, Cajacopi, Fundación Salud Mía y SOS quedaban por fuera. En el régimen subsidiado, las autorizadas eran Aliansalud, Salud Total, Sanitas, Compensar, Sura, Famisanar, Capital Salud, Nueva EPS y Mallamas, excluyendo a Coosalud, Mutual Ser, Cajacopi y la EPS Familiar. Estos cambios implicaban el traslado de más de 40.000 usuarios en la capital.
El papel de Nueva EPS
Uno de los aspectos más destacados del decreto era el rol de Nueva EPS, la única aseguradora con presencia en todo el territorio nacional. Con la nueva regulación, se convertiría en la receptora de afiliados en aquellos municipios donde no hubiera otras opciones disponibles. Según cálculos de la época, Nueva EPS sería la única EPS en cerca de 500 municipios y asumiría la cobertura de aproximadamente el 45 % del país, pasando de 11,5 millones a casi 14 millones de afiliados.
Opiniones de expertos
Para Johnattan García Ruiz, investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, esta propuesta no es nueva y representa "una deuda del sistema". Giovanni Jiménez Barbosa, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, considera que la territorialización puede tener sentido, especialmente para que salgan las EPS con pocos afiliados y permanezcan las más grandes y organizadas.
Sin embargo, la medida generó inquietudes debido al momento que atraviesa el sistema de salud. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) reportó una siniestralidad de 108,64 % en su informe financiero con corte a noviembre de 2025, lo que significa que por cada 100 pesos que reciben, gastan cerca de 108 en atención. En este contexto, Jiménez advirtió que "el riesgo es que el modelo no dé los resultados esperados, no por la idea de la territorialización, sino por el momento de aplicación".
Impactos potenciales
Los expertos señalan que, si las EPS ya enfrentan presiones financieras, un traslado masivo de usuarios podría agravar la situación. Experiencias pasadas, como cuando una EPS entra en liquidación, muestran que las historias clínicas no siempre se transfieren completas, los trámites administrativos deben rehacerse y los pacientes tienen que ser incorporados nuevamente en otras redes de atención. Esto implica repetir autorizaciones, reprogramar citas o retomar procesos en curso, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo, lo que añade presión a las finanzas.
Antecedentes de suspensiones
No es la primera vez que el Consejo de Estado frena iniciativas del Gobierno para modificar el sistema de salud. En septiembre de 2025, suspendió el Decreto 058 de julio de ese año, que redefinía el modelo de atención primaria y abría la puerta a cambios profundos en el sistema. Con esta nueva suspensión provisional, el alto tribunal detiene temporalmente la aplicación de estas reglas mientras analiza su legalidad, en particular frente a posibles afectaciones a la libre escogencia, la continuidad del servicio y el acceso efectivo al sistema de salud.
