Condena histórica contra exmagistrado por corrupción en la justicia
En una decisión judicial de 395 páginas, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha impuesto una condena de 10 años y dos meses de prisión al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez por su participación en el denominado 'Cartel de la Toga'. La sentencia, con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, representa un golpe contundente contra la corrupción en las altas esferas judiciales colombianas.
Delitos comprobados y medidas cautelares
El alto tribunal encontró al expresidente de la Corte responsable como coautor impropio de los delitos de cohecho propio en concurso homogéneo y sucesivo (dos conductas distintas), en concurso heterogéneo con el ilícito de concierto para delinquir. La Corte fue contundente al negar tanto la suspensión condicional de la ejecución de la pena como la prisión domiciliaria, ordenando además librar orden de captura con notificación roja a Interpol, dado que Bustos se encuentra actualmente fuera del país.
Sin embargo, en un aspecto particular de la decisión, la Sala absolvió al exmagistrado del delito de tráfico de influencias de servidor público, centrando la condena en los otros cargos mencionados.
La trama corrupta desentrañada
El proceso judicial reveló una compleja red de corrupción donde Bustos Martínez, durante su ejercicio como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, se concertó con otros magistrados, exmagistrados y abogados litigantes para ofrecer decisiones judiciales favorables a cambio de dinero. Entre los colaboradores identificados se encuentra el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quien actuó como intermediario clave en la operación.
Según los detalles de la sentencia, el esquema funcionaba de la siguiente manera:
- Identificaban a aforados con procesos de única instancia activos en la Corte Suprema
- Contactaban a estos procesados ofreciéndoles beneficios judiciales ilegales
- Negociaban sumas de dinero a cambio de intervenciones procesales
- Ejecutaban acciones para dilatar trámites, impedir órdenes de captura o evitar medidas de aseguramiento
Senadores involucrados y montos pagados
La investigación judicial documentó casos específicos donde dos senadores pagaron millonarias sumas para obtener decisiones favorables:
- Musa Besaile Fayad: $2.000 millones de pesos
- Álvaro Antonio Ashton Giraldo: $1.200 millones de pesos
Ambos políticos enfrentaban procesos por 'parapolítica' en el despacho del entonces magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández. El exmagistrado Bustos Martínez recibió directamente $200 millones en efectivo provenientes del pago ilícito efectuado por el senador Besaile, dinero que le fue entregado por el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera.
Evidencia testimonial y detalles reveladores
La sentencia incorporó testimonios clave que reforzaron la acusación. Yeison Ricardo Pérez Pérez, empleado de la Joyería Cartier en el centro comercial Andino, declaró que Moreno Rivera era cliente asiduo del establecimiento y que se refería a su acompañante como 'el profe', a quien posteriormente identificó como José Leonidas Bustos cuando empezó a aparecer recurrentemente en las noticias.
Este testimonio, junto con otros elementos probatorios de carácter testimonial e indiciario, permitió a la Corte Suprema concluir de manera contundente que Bustos Martínez participó activamente en una organización criminal destinada a corromper la administración de justicia en beneficio de procesados pudientes.
Análisis jurídico y conclusiones del tribunal
El alto tribunal realizó un exhaustivo análisis de los tipos penales involucrados, evaluando minuciosamente las pruebas presentadas. La conclusión fue clara: se demostró que Bustos "se concertó con otras personas con el fin de abordar congresistas procesados en única instancia por la Corte para ofrecerles decisiones contrarias a derecho a cambio de sumas de dinero".
La división de tareas dentro de la organización criminal era precisa: mientras los abogados Moreno Rivera y Pinilla Gómez se encargaban de contactar a las víctimas (los congresistas procesados), Bustos y otros magistrados garantizaban la ejecución de los acuerdos ilegales desde dentro del sistema judicial.
Esta sentencia marca un precedente significativo en la lucha contra la corrupción judicial en Colombia, enviando un mensaje contundente sobre la determinación de las altas cortes para purgar sus propias filas de elementos que deshonran la administración de justicia.
