Procuraduría suspende al alcalde de Ipiales por tres meses por incumplimiento en informes de viajes oficiales
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ipiales ha emitido una medida cautelar que ordena la suspensión provisional de las funciones del alcalde del municipio fronterizo de Ipiales, Amílcar Pantoja, por un período de tres meses. La decisión, expedida el 20 de febrero de 2026, se fundamenta en el incumplimiento del mandatario al no rendir los informes correspondientes a sus viajes oficiales realizados durante el año 2024 a destinos como China, México y España.
Detalles de la medida disciplinaria y designación de alcalde encargado
Según la disposición procuradurial, la suspensión se extenderá por el tiempo que demande la investigación correspondiente, sin derecho a remuneración alguna. Además, se insta al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, a designar un alcalde encargado mientras dure la medida. Contra esta suspensión no procede ningún recurso, lo que la hace efectiva de inmediato.
En respuesta a esta solicitud, el gobernador Escobar designó como alcalde encargado a Armando Rosero García, actual secretario de Planeación del Departamento. El decreto de nombramiento argumenta que esta designación busca brindar garantías técnicas para avanzar en las estrategias del Plan de Desarrollo de Ipiales, asegurando que el funcionario actuará sin orientación política que afecte la administración municipal.
Defensa del alcalde y acusaciones de persecución política
En una rueda de prensa celebrada el 24 de febrero, el alcalde Pantoja se pronunció enérgicamente contra la medida, calificándola como "infame" y denunciando una clara persecución política en su contra. "No me he robado ni un peso, ni tampoco estoy siendo sancionado porque hice mal un contrato o porque dejé un elefante blanco", afirmó el mandatario, quien aseguró no tener expedientes abiertos en su contra.
Pantoja también rechazó una denuncia por presunto maltrato hacia una mujer, que inicialmente se señaló como su madre y luego como su tía, argumentando que jamás ha cometido actos violentos. "Me vulneraron mis derechos, acá no hay objetividad, exijo que mi proceso se lleve a Bogotá", expresó, cuestionando la actuación de la Procuraduría y exigiendo el debido proceso.
Además, el alcalde suspendido había solicitado previamente que el alcalde encargado fuera alguien de su gabinete, para evitar intromisiones externas que consideró viciadas políticamente, enfatizando que su gobierno fue ganado por el pueblo.
Contexto regional y implicaciones administrativas
Esta suspensión ocurre en un contexto de tensiones políticas en la región de Nariño, donde Ipiales, como municipio fronterizo, enfrenta desafíos únicos en materia de administración y transparencia. La medida procuradurial resalta la importancia de la rendición de cuentas en los viajes oficiales, que son financiados con recursos públicos.
La designación de un alcalde encargado desde la administración departamental busca asegurar la continuidad en la gestión municipal, aunque ha generado controversia por las acusaciones de parcialidad. Este caso podría sentar un precedente en cómo se manejan las investigaciones disciplinarias contra funcionarios electos en Colombia, especialmente en regiones con historiales de conflictos políticos.
Mientras la investigación avanza, la comunidad ipialeña espera claridad sobre los hechos y garantías de que los procesos administrativos se conduzcan con transparencia y justicia, sin afectar los servicios públicos esenciales en el municipio.
