Procuraduría respalda parcialmente decreto de emergencia económica del gobierno Petro
En un pronunciamiento de alto impacto, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado formalmente a la Corte Constitucional que mantenga vigente solo una porción específica del decreto mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro estableció la emergencia económica en diciembre pasado.
Un respaldo condicionado al sector salud
El concepto emitido por el Ministerio Público, dentro del proceso que tiene como ponente al magistrado Carlos Camargo Assis, plantea una posición matizada. La Procuraduría argumenta que debe declararse exequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, pero exclusivamente en lo concerniente a "la garantía del aseguramiento en salud", con especial énfasis en la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
"La Procuraduría dio su respaldo únicamente respecto de los hechos y consideraciones relacionados con la garantía del aseguramiento en salud producto de la equiparación de la unidad de pago por capitación", señala el documento oficial enviado al alto tribunal.
Recursos que la Procuraduría pide excluir
En contraste con este limitado respaldo al componente sanitario, el ente de control solicita la inexequibilidad de las disposiciones del decreto que asignan recursos a otras áreas prioritarias del Estado:
- Recursos destinados al sector defensa y a la gestión de la Unidad Nacional de Protección (UNP)
- Fondos para la atención de emergencias causadas por desastres naturales
- Asignaciones para el pago de sentencias judiciales
- Recursos para el pago de obligaciones atrasadas del Estado
El documento es explícito al solicitar declarar la "inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 en lo relacionado con los hechos y consideraciones asociadas a estos cuatro puntos específicos".
Fundamentos del respaldo al componente sanitario
La Procuraduría fundamenta su posición favorable al aspecto sanitario argumentando que "es una de las formas de garantizar el derecho a la salud de los usuarios". El ente de control identifica múltiples desafíos estructurales que enfrenta el sistema:
- Cambios demográficos significativos en la población
- Aumento constante de costos asociados a innovación y desarrollos tecnológicos
- Dificultades crecientes para garantizar la atención oportuna a los ciudadanos
Según el análisis de la Procuraduría, el Estado colombiano tiene la obligación constitucional de dirigir, regular, inspeccionar, vigilar y controlar tanto el sistema de salud como la atención directa a los pacientes. El documento destaca que ya se han implementado diversas medidas para fortalecer el sistema, incluyendo:
- Intervenciones directas a Entidades Promotoras de Salud (EPS)
- Ajustes regulatorios sustanciales
- Activación de competencias de múltiples entidades estatales
- Esfuerzos para asegurar la cobertura universal y el suministro continuo de medicamentos
- Mejoras en los sistemas de agendamiento de citas médicas
Este pronunciamiento ocurre en el contexto de la suspensión provisional que la Corte Constitucional decretó a finales de enero pasado, argumentando la necesidad de prevenir "posibles daños irremediables al aparato económico del país". La decisión final del alto tribunal determinará el alcance real de las medidas de emergencia económica implementadas por el gobierno Petro.
