Procuraduría solicita a Corte Constitucional validar parcialmente decreto de emergencia económica
La Procuraduría General de la Nación ha presentado un concepto ante la Corte Constitucional en el que solicita que se declare exequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, pero únicamente en lo relacionado con la garantía del aseguramiento en salud tras la equiparación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Posición del Ministerio Público sobre el decreto
El concepto, radicado dentro del expediente RE-387 del alto tribunal, respalda la declaratoria de emergencia económica y social "únicamente respecto de los hechos y consideraciones relacionados con la garantía del aseguramiento en salud producto de la equiparación de la unidad de pago por capitación".
En el mismo documento, el Ministerio Público solicitó que se declare la inexequibilidad del decreto en lo que tiene que ver con otros frentes de gasto. De manera expresa pidió excluir:
- Los recursos dirigidos al sector defensa
- La gestión de la Unidad Nacional de Protección
- La atención de emergencias por desastres naturales
- El pago de sentencias judiciales
- El pago de obligaciones atrasadas
Fundamentos de la solicitud
El Ministerio Público fundamentó su posición en la necesidad de garantizar el derecho a la salud a través de la disponibilidad de recursos para la equiparación de la UPC. Señaló que esa disponibilidad "es una de las formas de garantizar el derecho a la salud de los usuarios" y recordó que el sistema arrastra tensiones desde hace varias décadas, con antecedentes como la Sentencia T-760 de 2008.
En palabras del concepto, se trata de que se declare la "Inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 en lo relacionado con los hechos y consideraciones asociadas a (i) la necesidad de recursos en el sector defensa y en lo concerniente a la gestión de la Unidad Nacional de Protección, (ii) la atención de la emergencia causada por el desastre natural, (iii) el pago de sentencias judiciales, y (iv) el pago de obligaciones atrasadas".
Contexto del sistema de salud colombiano
La posición de la Procuraduría llega en un momento crucial para el sistema de salud colombiano, que ha enfrentado tensiones financieras y operativas durante décadas. La equiparación de la UPC representa un mecanismo fundamental para garantizar la sostenibilidad del aseguramiento en salud y el acceso efectivo de los ciudadanos a los servicios médicos.
El decreto de emergencia económica fue emitido en diciembre de 2025 con el objetivo de destinar recursos a diversas áreas consideradas prioritarias por el gobierno nacional. Sin embargo, la Procuraduría considera que solo la parte relacionada con la salud cumple con los requisitos constitucionales para ser validada como medida de emergencia.
La decisión final ahora recae en la Corte Constitucional, que deberá analizar el concepto del Ministerio Público junto con otros argumentos presentados en el expediente RE-387. El fallo del alto tribunal determinará el alcance y la validez del decreto de emergencia económica, con implicaciones directas para el financiamiento del sistema de salud colombiano.
