Presidencia marca distancia en polémico caso de interceptaciones
El Gobierno nacional ha establecido una posición firme y clara frente a las acusaciones de interceptaciones ilegales presentadas por Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes trabajaron anteriormente como empleadas domésticas para Laura Sarabia. En un documento oficial dirigido a la justicia, la Presidencia de la República aseguró categóricamente que no tiene conocimiento ni responsabilidad sobre las presuntas escuchas telefónicas denunciadas por las afectadas.
La defensa del Estado: asuntos privados versus funciones públicas
La postura gubernamental surge como respuesta directa a una demanda de reparación en la que Meza y Perea exigen indemnizaciones al Estado por los daños derivados de seguimientos y amenazas que, según su versión, habrían sido ejecutados por policías adscritos a la seguridad presidencial. El núcleo de la defensa estatal se centra en que los vínculos laborales entre Sarabia y sus antiguas colaboradoras ocurrieron en un entorno residencial privado, completamente desvinculado de las funciones gubernamentales de la entonces jefa de gabinete.
"No nos consta. Si bien la señora Laura Camila Sarabia Torres fue funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sus asuntos personales, como la eventual contratación de servicios domésticos en su vivienda privada, son ajenos a las competencias y responsabilidades de esta entidad", se lee en el documento oficial obtenido por el medio Semana.
Respuestas coordinadas de las instituciones
A pesar de que existen condenas judiciales contra miembros de la fuerza pública por estas prácticas, la Presidencia reiteró que carece de pruebas que acrediten que tales acciones fueran ordenadas o ejecutadas bajo su mando institucional. Esta posición ha encontrado eco en otras entidades estatales:
- La Policía Nacional presentó una respuesta similar rechazando responsabilidad
- La Fiscalía General de la Nación argumentó que los hechos no configuran un daño antijurídico que deba ser reparado por el Estado
- Todas las instituciones coinciden en que se trata de asuntos estrictamente privados
Cambios significativos en la investigación penal
Mientras avanza el debate sobre la responsabilidad civil del Estado, la rama penal de la investigación ha experimentado un ajuste importante. La Fiscalía General de la Nación apartó recientemente al fiscal Juan Carlos Arias Duque del proceso que se adelanta contra Laura Sarabia por el presunto delito de abuso de autoridad.
El proceso investigativo se centra en varios puntos clave que incluyen:
- La legalidad de la prueba de polígrafo aplicada a Marelbys Meza entre el 29 y el 30 de enero de 2023
- Los presuntos tratos humillantes y actos arbitrarios denunciados por la exniñera
- La utilización de instalaciones de la Jefatura de Protección Presidencial para asuntos personales
- La transparencia y objetividad de los funcionarios encargados de recolectar el material probatorio
Nuevos tiempos procesales y desafíos jurídicos
Con el retiro del fiscal Arias Duque, el expediente será reasignado a una nueva fiscalía delegada, lo que podría implicar un replanteamiento completo de los tiempos procesales y las estrategias de investigación. Para las víctimas, el desafío jurídico continúa siendo demostrar que el uso de recursos y agentes estatales en un conflicto doméstico constituye una falta institucional que obliga al Gobierno a responder por los perjuicios causados.
Laura Sarabia, actualmente embajadora de Colombia en el Reino Unido, mantiene su posición de que los hechos denunciados corresponden a su esfera privada. Las ex empleadas, por su parte, insisten en que fueron víctimas de un aparato estatal utilizado para fines personales, exigiendo no solo reparación económica sino también garantías de no repetición de estos hechos.
El caso continúa generando debate sobre los límites entre lo público y lo privado en el ejercicio de funciones gubernamentales, especialmente cuando funcionarios de alto nivel utilizan recursos estatales para resolver conflictos personales. La resolución final de este proceso podría establecer precedentes importantes sobre la responsabilidad del Estado en casos donde se mezclan funciones oficiales con asuntos particulares.
