Asodiplo pide a Procuraduría revisar contratos millonarios de Cancillería antes de ley de garantías
Piden revisar contratos millonarios de Cancillería antes de ley

Asociación Diplomática solicita intervención de Procuraduría sobre contratos de Cancillería

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) ha presentado una solicitud formal ante la Procuraduría General de la Nación para que ejerza un control preventivo sobre los contratos suscritos por la Cancillería desde agosto de 2025, con especial énfasis en 785 acuerdos firmados exclusivamente en enero de 2026 por un valor superior a los 77.000 millones de pesos.

Contratos previos a la ley de garantías bajo la lupa

Según el detallado informe presentado por la asociación, desde agosto del año pasado se han suscrito un total de 1.053 contratos, entre los cuales se identifican varias situaciones preocupantes. La solicitud se centra particularmente en aquellos acuerdos firmados antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de garantías, lo que genera interrogantes sobre su transparencia y adecuación.

"Valdría la pena estudiar si existen otros casos similares para descartar conductas como nepotismo o el tráfico de influencias", señaló Asodiplo en su comunicado, refiriéndose específicamente a contratos que involucran a familiares de funcionarios públicos.

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Casos específicos que generan preocupación

Entre los contratos más llamativos identificados en enero de 2026 destacan:

  • Dos contratos por 253,2 millones de pesos cada uno asignados a Alberto León Grisales y Sergio Enrique Ortíz para "Prestación de servicios profesionales altamente calificados de asesoría jurídica" a la Dirección del Talento Humano, a pesar de que la Cancillería cuenta con dos oficinas asesoras jurídicas internas y un Grupo Interno de Trabajo dedicado específicamente a estas funciones.
  • Un contrato por 215,2 millones de pesos otorgado a Claudia Marisol Moreno Ojeda, esposa del Representante a la Cámara Heráclito Landínez Suárez, para servicios de seguimiento de compromisos internacionales relacionados con el posicionamiento de Colombia en temas de desarrollo.

Distribución cuestionable de recursos contractuales

La asociación también alerta sobre una distribución desproporcionada de contratistas entre diferentes dependencias de la Cancillería:

  1. La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo suscribió aproximadamente 84 contratos para tareas rutinarias como la divulgación de la Carrera Diplomática y Consular, funciones que anteriormente se realizaban con personal de planta sin costo adicional.
  2. En contraste, la Dirección de Asuntos Consulares, que enfrenta retos significativos en 2026 incluyendo la organización de elecciones en el exterior y la atención de colombianos durante el Mundial de Fútbol, registra solo 3 contratos, todos asignados al Grupo Interno de Trabajo de Colombia Nos Une, anteriormente dirigido por la actual canciller Rosa Villavicencio.

Falta de preparación para eventos críticos

Uno de los puntos más preocupantes señalados por Asodiplo es la ausencia de contratación programada para atender eventos coyunturales de gran magnitud que ocurrirán durante 2026:

  • Las elecciones presidenciales y legislativas en el exterior
  • El Mundial de Fútbol 2026, que tradicionalmente genera desplazamiento masivo de colombianos y aumento sustancial de solicitudes de asistencia consular

Esta situación se da en medio de constantes quejas de los jefes de oficinas diplomáticas y consulares, quienes reportan estar "agobiados por la falta de recursos humanos" para atender adecuadamente estos eventos de alta demanda.

Llamado a la transparencia institucional

La solicitud de Asodiplo representa un llamado urgente a la transparencia y el control en la gestión contractual de la Cancillería, especialmente considerando el monto millonario involucrado y la proximidad de eventos internacionales que requerirán máxima capacidad operativa de las representaciones diplomáticas colombianas en el exterior.

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La Procuraduría General de la Nación deberá ahora evaluar la procedencia de este pedido de control preventivo, que busca garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente, transparente y acorde con las necesidades reales de la política exterior colombiana.