El presidente Gustavo Petro ha objetado en su totalidad el proyecto de ley que pretendía restablecer los días sin IVA, una iniciativa impulsada durante el mandato de Iván Duque para estimular el consumo en medio de la recesión provocada por la pandemia. Con esta decisión, el proyecto regresa al Congreso de la República para su reconsideración.
Gobierno argumenta falta de aval fiscal
El representante a la Cámara del partido Centro Democrático, Christian Garcés, señaló que la razón esgrimida por el Gobierno para objetar la ley aprobada este año es que carecía del aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Esta información fue confirmada por la misma cartera económica a LR. Garcés afirmó: "Nos ratificamos en que no requiere aval fiscal porque depende del Presidente de la República autorizar los días sin IVA. El impacto fiscal será el análisis económico que el gobierno de turno haga para beneficiar el bolsillo de los colombianos".
Expectativas del Congreso
El parlamentario espera que el Congreso ratifique el proyecto de ley y que los tres días sin IVA se conviertan en una política de Estado en Colombia. "Lamentamos que el Gobierno actual no quiera apoyar sobre todo a familias de bajos ingresos que pueden programarse a ahorrar para comprar elementos tan importantes para su calidad de vida como son vestuario, elementos eléctricos para su hogar, elementos deportivos, insumos agrícolas en nuestros sectores del campesinado colombiano, entre otros productos que constantemente se compran en Colombia", agregó Garcés.
Opinión del ministro de Hacienda
Antes de que se aprobara la conciliación del proyecto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya había manifestado su desacuerdo. "El día sin IVA es un pésimo negocio para el Estado, pero peor para los industriales colombianos, porque lo que se compra son bienes importados", declaró el funcionario en su momento.
Impacto fiscal de la medida
Según datos del gobierno de Duque, en los días sin IVA las ventas alcanzaban cerca de 10 billones de pesos, de los cuales aproximadamente el 40% correspondía a productos sin el beneficio y el 60% efectivamente quedaba sin el gravamen. Esto se traducía en un costo fiscal cercano a 1,2 billones de pesos por cada jornada.
