Alarma democrática: Petro anticipa fraude mientras su campaña enfrenta señalamientos
Algo huele profundamente mal en la democracia colombiana cuando el propio presidente de la República comienza a sembrar dudas sistemáticas sobre la transparencia de las elecciones, incluso antes de que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto. No se trata de una alerta técnica legítima ni de un llamado institucional para mejorar procedimientos electorales, sino de una narrativa política cuidadosamente construida que prepara el terreno para eventualmente desconocer resultados adversos al gobierno.
El fantasma del fraude revivido
A escasos días de las elecciones del 8 de marzo, Gustavo Petro ha decidido resucitar el fantasma de un supuesto fraude en los comicios de 2022, el mismo proceso electoral que lo llevó al poder presidencial. La contradicción resulta evidente e inquietante: ¿por qué quien resultó victorioso en unas elecciones decide ahora deslegitimar al árbitro institucional que validó precisamente su triunfo?
No existe sentencia judicial alguna, ni acto administrativo en firme, ni prueba concluyente que respalde estas graves acusaciones presidenciales. Sin embargo, el efecto político de la sospecha infundada ya está produciendo daños concretos. Cuando desde la máxima instancia del poder ejecutivo se instala la duda sin sustento probatorio alguno, se erosiona progresivamente la confianza pública y se debilita la estabilidad institucional del país.
Irregularidades en la campaña presidencial
Más delicado aún resulta que, mientras se habla de posibles fraudes hacia afuera, existan decisiones oficiales que comprometen directamente la campaña electoral del propio mandatario. El Consejo Nacional Electoral estableció formalmente que en 2022 la campaña presidencial de Gustavo Petro habría superado los topes electorales legales en aproximadamente 5.300 millones de pesos, según análisis técnicos detallados y pruebas documentales contundentes.
Superar los límites legales de financiación electoral no constituye un asunto menor ni administrativo: altera fundamentalmente la equidad de la contienda democrática y vulnera las reglas básicas que garantizan competencia en condiciones de igualdad para todos los candidatos.
Declaraciones comprometedoras y financiación cuestionable
A esta situación se sumaron las explosivas declaraciones del exembajador Armando Benedetti en conversación con Laura Sarabia, donde mencionó específicamente 15.000 millones de pesos conseguidos para la campaña petrista y afirmó categóricamente que, de conocerse la verdad completa, "todos irían a la cárcel". Posteriormente intentó matizar sus palabras, pero en el ámbito político y con mayor razón en el jurídico, afirmaciones de esa magnitud y gravedad no pueden despacharse simplemente como un exabrupto retórico.
También se ha mencionado públicamente el apoyo financiero del alias "Sobrino" y del conocido contrabandista "Papá Pitufo", quien habría aportado 500 millones de pesos a la campaña. El presidente Petro sostuvo que ordenó devolver ese dinero, pero desde la perspectiva jurídica, la discusión no se agota en la devolución posterior: la eventual infracción electoral puede configurarse desde el momento mismo en que los recursos de procedencia cuestionable ingresan oficialmente a la campaña.
Desacreditación anticipada del proceso electoral
En paralelo a estas revelaciones, el discurso oficial gubernamental apunta ahora directamente contra Thomas Greg & Sons, empresa contratada formalmente por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la logística electoral integral. Desacreditar anticipadamente a quienes operan técnicamente el proceso electoral no fortalece la transparencia democrática; por el contrario, la pone en entredicho público.
Cuando se instala sistemáticamente la narrativa del fraude electoral antes de que exista siquiera un resultado concreto, el mensaje implícito resulta claro y preocupante: solo será considerado legítimo aquel resultado que favorezca directamente al gobierno de turno.
La democracia como regla fundamental
Colombia no puede permitirse entrar en esta lógica perversa que amenaza los cimientos institucionales. Si el 8 de marzo próximo, y posteriormente en mayo de 2026, el veredicto ciudadano no favorece al movimiento petrista, el país necesita tener la certeza absoluta de que se respetará escrupulosamente la voluntad popular expresada en las urnas.
La democracia no constituye un mecanismo selectivo que se activa únicamente cuando conviene políticamente; representa una regla de juego fundamental que obliga a todos los actores, comenzando precisamente por quien ejerce la presidencia de la República.
En este crucial momento histórico no está en juego simplemente una candidatura política particular. Está en juego la confianza colectiva en las instituciones democráticas básicas. Y cuando esa confianza esencial se fractura desde las mismas alturas del poder estatal, el costo institucional lo asume inevitablemente toda la Nación colombiana.
Defender la democracia exige transparencia efectiva, ciertamente, pero también demanda responsabilidad extrema en el discurso público presidencial. Porque cuando se normaliza peligrosamente la narrativa del fraude electoral sin presentar pruebas concretas, lo que se construye no es una denuncia legítima: es una coartada anticipada para desconocer eventuales derrotas electorales.
