La irresponsabilidad presidencial en el cuestionamiento electoral
Es profundamente preocupante y totalmente irresponsable que el presidente de la República, Gustavo Petro, haya afirmado públicamente que el riesgo de fraude en las próximas elecciones del 8 de marzo es "del cien por ciento". Esta declaración, realizada sin presentar ninguna prueba concreta, representa un ataque directo contra las instituciones electorales colombianas que han trabajado diligentemente para garantizar procesos transparentes.
Un ataque sin fundamento a la democracia
Lo que menos se espera del jefe de Estado es que, sin evidencia alguna, cuestione de manera tan categórica una organización electoral que ha demostrado su solidez a lo largo de los años. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha sido reconocida internacionalmente como un modelo a seguir en la región, superando incluso episodios aislados que fueron debidamente tramitados por la justicia colombiana.
El mandatario juega con fuego al lanzar estas acusaciones infundadas. Aunque hoy sabemos que sus afirmaciones carecen completamente de sustento, el viejo refrán "calumnia, que algo queda" cobra especial relevancia en este contexto. No está claro qué pretende lograr quien, en los últimos meses, se ha dedicado a erosionar con afirmaciones falsas los mismos pilares democráticos que le permitieron convertirse en el primer presidente de izquierda con pasado en la insurgencia armada.
Las consecuencias peligrosas de estas declaraciones
Que ahora el presidente afirme que la organización electoral es fraudulenta puede convertirse en semilla de desconfianza y, en el peor escenario, de violencia política. La magnitud de esta irresponsabilidad es enorme, especialmente en un país que ha luchado tanto por consolidar sus procesos democráticos.
El discurso presidencial incluyó además llamados que claramente configuran una participación política indebida y un cruce de límites institucionales evidente. El primer mandatario se equivoca al enardecer aún más un ambiente político ya de por sí caldeado, donde existe un riesgo real por el acecho de organizaciones armadas ilegales, muchas de ellas fortalecidas por las concesiones recibidas bajo el fallido proceso de "paz total".
El verdadero rol que debe cumplir el presidente
La energía del presidente debería dirigirse a cumplir las funciones propias de su cargo, especialmente coordinar y dirigir los esfuerzos para garantizar que estas elecciones se desarrollen en completa tranquilidad. El desafío es significativo: según la Misión de Observación Electoral, existen 170 municipios con algún grado de riesgo electoral y 81 donde se ha declarado riesgo extremo.
Este es el papel que le corresponde al jefe de Estado, no el de dar órdenes directas a los jurados electorales, potestad que pertenece exclusivamente a la Registraduría Nacional. La Procuraduría General recordó oportunamente esta separación de funciones durante un foro realizado esta misma semana.
La transparencia del proceso electoral
La forma correcta de diligenciar los formularios E14 ya ha sido comunicada a los aproximadamente 700.000 ciudadanos seleccionados aleatoriamente como jurados durante las jornadas de capacitación. Las indicaciones del presidente Petro podrían conducir a un escenario de diferencias significativas entre el preconteo y los resultados finales del escrutinio, responsabilidad del Consejo Nacional Electoral.
Tal situación crearía una tormenta perfecta en el peor momento posible, consolidando una narrativa de fraude que, lamentablemente, ya ha sido suficientemente ambientada desde la propia Casa de Nariño. Este escenario prefabricado debe ser rechazado por toda la sociedad colombiana.
Las garantías institucionales existentes
Al afirmar que el diligenciamiento de estos formatos puede prestarse para anomalías, el mandatario ignora deliberadamente que este proceso se realiza con la presencia de testigos que representan a todos los partidos políticos. Sus palabras no solo ponen en duda la buena fe de estas personas, sino que desconocen completamente el ordenamiento jurídico y extienden un manto de sospecha que en cualquier momento puede convertirse en chispa de un polvorín político.
Debe quedar absolutamente claro: las instituciones a cargo de las elecciones han actuado de manera transparente y eficiente en todo lo que les corresponde. Se contrató una auditoría internacional para todos los sistemas del proceso electoral y se autorizó a los partidos políticos a tener auditores de sistemas con acceso al código fuente.
El respaldo a las instituciones electorales
No queda más que respaldar al registrador nacional, Hernán Penagos, especialmente después de que el segundo conjunto de críticas del jueves tuviera como blanco el soporte tecnológico adquirido por la entidad para el escrutinio. Este estará a cargo de la firma Indra y no de Thomas Greg, empresa que el mandatario ha señalado erróneamente -¿maliciosamente?- de tener a su cargo tanto el escrutinio como la elaboración de las cédulas, afirmaciones que tampoco se corresponden con la realidad.
Las voces que contradicen al presidente
Vale la pena destacar cómo, ante estos cuestionamientos, han surgido diferentes voces autorizadas, incluida la de la Misión de Observación Electoral. Su directora, Alejandra Barrios, fue clara al afirmar que el riesgo descrito por el presidente simplemente no existe. Además, ya se encuentran en el país observadores electorales de la Unión Europea que tampoco han emitido ninguna alerta sobre irregularidades.
El momento exige una altísima responsabilidad política. El presidente debe abandonar definitivamente su papel de agitador para ejercer como verdadero jefe de Estado y comprometerse públicamente a que el país podrá votar en paz y a que los resultados, sean los que sean, serán reconocidos y acatados por quien siempre se ha vanagloriado de ser un demócrata.
