El presidente Gustavo Petro reaccionó con firmeza ante la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 0182 de 2026, que buscaba reorganizar territorialmente las EPS y trasladar cerca de 2,6 millones de afiliados a la Nueva EPS. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario señaló que el alto tribunal le causa un grave daño a la salud al frenar la medida.
Las declaraciones del presidente
En su mensaje, Petro afirmó: “El Consejo de Estado aquí le hace grave daño a la salud, porque la salud preventiva se hace por circunscripción territorial y no puede hacerse por dispersión de afiliados. El primer pilar de un buen sistema de salud es la salud preventiva”. Con estas palabras, el jefe de Estado defendió el decreto como una herramienta para corregir problemas estructurales del sistema de salud colombiano.
Los detalles del decreto suspendido
El Decreto 0182 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, establecía un modelo de aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional. Entre sus disposiciones, fijaba límites al número de EPS autorizadas para operar según el tamaño poblacional de cada municipio o departamento. Por ejemplo, en localidades con entre 10.001 y 20.000 habitantes solo podría funcionar una EPS, mientras que en territorios de 20.001 a 30.000 habitantes el tope sería de dos. La norma también contemplaba criterios de participación mínima de afiliados para que las EPS pudieran mantenerse en determinadas regiones, y facultaba a la Superintendencia Nacional de Salud para actualizar las autorizaciones territoriales en un plazo de tres meses.
El Gobierno defendió la medida argumentando que buscaba corregir la fragmentación del aseguramiento, las dificultades operativas en zonas apartadas y la falta de sostenibilidad financiera de algunas EPS. Tanto la Presidencia como el Ministerio de Salud insistieron en que no se trataba de traslados automáticos hacia una EPS específica, sino de una reorganización para generar economías de escala, fortalecer las redes de atención y garantizar la continuidad de los servicios.
La demanda y la decisión del Consejo de Estado
La suspensión provisional del decreto se produjo tras estudiar la demanda presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien advirtió que la norma podría derivar en traslados forzosos de millones de usuarios hacia la Nueva EPS. En el auto, el Consejo de Estado advirtió que el rediseño podría implicar la reasignación obligatoria de más de seis millones de afiliados, incluidos cerca de 2,6 millones que serían trasladados a la Nueva EPS, entidad que actualmente se encuentra intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.
El tribunal también puso en duda la capacidad operativa y financiera de la Nueva EPS para asumir un incremento de esa magnitud, señalando problemas relacionados con capital mínimo, patrimonio, reportes financieros, quejas de usuarios y fallas en la prestación de servicios y entrega de medicamentos. La demanda de Miranda destacó estos riesgos constitucionales como fundamento para solicitar la suspensión.
Reacciones y contexto
La decisión del Consejo de Estado ha generado un intenso debate sobre el futuro del sistema de salud en Colombia. Mientras el Gobierno insiste en que el decreto era necesario para mejorar la eficiencia y la equidad en la prestación de servicios, los críticos advierten que la medida podría concentrar usuarios en una EPS con problemas financieros y operativos. La Nueva EPS, que actualmente está bajo intervención, ha sido objeto de múltiples quejas por parte de los afiliados.
El presidente Petro, por su parte, reiteró que la salud preventiva es la base de un buen sistema y que la dispersión de afiliados impide su implementación efectiva. La controversia continúa mientras se espera una decisión definitiva sobre el decreto.
