La 'Paz Total' y el fortalecimiento criminal que culminó en el asesinato de Miguel Uribe
Esta semana se confirmó judicialmente que los autores materiales del asesinato del congresista Miguel Uribe pertenecían a la estructura criminal conocida como la 'Segunda Marquetalia'. Este grupo ilegal surgió cuando excomandantes de las FARC como 'Iván Márquez', 'el Paisa', 'Jesús Santrich', 'Romaña' y el 'Zarco Aldinever' –quien específicamente ordenó el crimen– abandonaron el proceso de paz de La Habana y establecieron alianzas con estructuras que nunca depusieron las armas.
El contexto del cese al fuego y la expansión criminal
Con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, se iniciaron conversaciones que derivaron en el Decreto 2660 de 2022, mediante el cual se estableció un "cese del fuego bilateral y temporal de carácter nacional" entre el Gobierno Nacional y varios grupos armados, incluyendo precisamente a la 'Segunda Marquetalia'. Este acuerdo, inicialmente pactado por seis meses, fue prorrogado sucesivamente en el tiempo.
Cuando las negociaciones comenzaron a mostrar signos de fracaso, las facciones más vinculadas al narcotráfico –los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, responsables directos del asesinato– terminaron consolidándose nuevamente bajo la denominación de 'Segunda Marquetalia'. Esta reorganización les permitió convertirse en uno de los principales actores del narcotráfico en el sur del país.
La expansión territorial y el operativo criminal
La 'nueva' Segunda Marquetalia extendió su presencia a múltiples departamentos colombianos:
- Valle del Cauca
- Caquetá (desde donde se ordenó el asesinato)
- Huila
- Meta
- Santander
- Vichada
- Guainía
Los ceses del fuego sin resultados efectivos, combinados con la priorización de la ofensiva estatal contra otros actores como 'Iván Mordisco', les permitieron expandirse significativamente, fortalecer su control territorial y dominar las rutas de comercialización de la cocaína.
Fue precisamente en el departamento del Caquetá donde se estructuró meticulosamente el operativo para asesinar a Miguel Uribe. El congresista, de no haber sido silenciado, habría tenido un papel protagónico en la política nacional contemporánea. Sus constantes denuncias en el Congreso de la República lo convirtieron en objetivo prioritario de narcotraficantes, reclutadores de menores y estructuras armadas que se han beneficiado directamente de políticas gubernamentales que, en la práctica, terminaron favoreciendo su fortalecimiento institucional.
Las confesiones judiciales y la evidencia
Durante el desarrollo del proceso penal, alias 'el Viejo' confesó explícitamente que el crimen fue ordenado por el 'Zarco Aldinever', hecho que fue confirmado posteriormente en la sentencia reciente emitida por la justicia colombiana. Además, se probó judicialmente que alias 'Gabriela', quien entregó el arma homicida al sicario material, se desplazó específicamente al Caquetá para coordinarse directamente con integrantes de la 'Segunda Marquetalia'.
Miguel Uribe se había convertido en uno de los principales denunciantes de lo que él consideraba una excesiva condescendencia del Gobierno frente a las disidencias guerrilleras. También alertaba sobre los hechos que hoy investiga la justicia estadounidense respecto a posibles vínculos entre narcotraficantes y campañas políticas colombianas. Estos cuestionamientos públicos, sumados a antecedentes como el llamado 'pacto de la Picota', profundizaron las dudas sobre el manejo real de la política de paz implementada por el gobierno actual.
Los resultados contundentes: cifras y realidades
Desde una perspectiva objetiva y basada en datos verificables, los resultados son alarmantemente contundentes:
- Según reportes de las Naciones Unidas, Colombia aumentó en un 53% su producción total de cocaína durante los últimos años.
- Se suspendió casi completamente la erradicación forzada de cultivos ilícitos a nivel nacional.
- Se levantaron órdenes de captura contra integrantes de grupos criminales que habían sido designados como negociadores en los diálogos de paz.
A este preocupante escenario se suma una narrativa oficial que ha tendido a relativizar la gravedad estructural del narcotráfico y su impacto en la seguridad nacional.
Responsabilidad política y omisión gubernamental
El Gobierno Nacional debe asumir una responsabilidad política clara, al menos por omisión, tanto por el asesinato de Miguel Uribe como por el evidente fortalecimiento de estas estructuras criminales durante su administración. Quienes ordenaron este crimen atroz y controlan buena parte del narcotráfico colombiano pudieron actuar durante años bajo el amparo de una política que no logró desarticularlos y que, en muchos aspectos, facilitó su reorganización y expansión territorial.
La denominada 'paz total' no ha traído paz sustantiva a las regiones más afectadas por el conflicto. Por el contrario, ha permitido la expansión descontrolada del narcotráfico, el fortalecimiento institucional de estructuras criminales y el preocupante aumento de la violencia selectiva contra líderes sociales y políticos. Miguel Uribe representa la evidencia más dolorosa y concreta de ese fracaso político. Y mientras no exista una rectificación profunda en la estrategia de seguridad, el mensaje seguirá siendo devastador para la democracia colombiana: los criminales avanzan impunemente mientras las víctimas siguen pagando el precio más alto.
