Revelaciones ante la Fiscalía reabren debate sobre política de paz y magnicidio
Las nuevas declaraciones de Simeón Pérez, alias El Viejo, ante la Fiscalía General de la Nación han encendido una polémica de alto nivel en Colombia, al señalar que José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, cabecilla de la Segunda Marquetalia, habría sido el máximo responsable del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá. Este crimen, uno de los más graves en años recientes, pone en tela de juicio las decisiones gubernamentales en materia de paz.
Orden de captura suspendida en período crítico
Según registros oficiales, la resolución 00139 del 12 de abril de 2024 suspendió las órdenes de captura contra el Zarco Aldinever, argumentando que la Segunda Marquetalia participaba en diálogos de paz con el Gobierno. Sin embargo, la reactivación de dicha orden no se produjo hasta el 17 de julio de 2025, mediante la resolución 00210, más de un mes después del magnicidio. Esto genera un vacío inexplicable, ya que el jefe negociador Armando Novoa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz afirmaron que no existían negociaciones con este grupo desde noviembre de 2024.
La situación se agrava con la revelación de que, según El Viejo, el Zarco Aldinever habría coordinado reuniones en Cúcuta para planear el crimen precisamente durante el período en que su orden de captura estaba suspendida. La oposición política, encabezada por el representante Daniel Briceño, ha criticado duramente al Ejecutivo, recordando que Sierra Sabogal fue formalmente reconocido como gestor de paz en febrero de 2024, lo que podría haberle brindado una protección legal inapropiada.
Controversia sobre el paradero del presunto autor
La fiscal general Luz Adriana Camargo sostiene que no hay evidencia de la muerte del Zarco Aldinever y mantiene vigente una orden de captura con una recompensa de cuatro mil millones de pesos. En contraste, fuentes de la Segunda Marquetalia aseguran que falleció el 5 de agosto de 2025 en una emboscada, complicando la posibilidad de llevarlo ante la justicia. Esta discrepancia añade capas de complejidad a una investigación que sigue abierta, con autoridades intensificando esfuerzos para esclarecer los hechos.
Debate político sin resolver
El caso ha desatado un intenso debate sobre si la política de Paz Total fue instrumentalizada para blindar a un presunto organizador de magnicidio. Las respuestas del Gobierno han sido insuficientes para quienes exigen transparencia, dejando preguntas clave sin respuesta: ¿cómo se permitió que un cabecilla guerrillero planeara un crimen bajo el amparo de medidas de paz? La investigación continúa, pero las sombras sobre este episodio persisten, alimentando la desconfianza en las instituciones.
