La indignación nacional estalló esta semana tras la difusión de un video en el que un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) anunciaba que la ‘justicia revolucionaria’ había condenado a penas de hasta cinco años de ‘cárcel’ a dos funcionarios del CTI y dos policías secuestrados en Arauca. Este hecho, que muchos colombianos sintieron como el retorno de los fantasmas de los peores años del conflicto, se produce en un contexto de alarmante aumento del secuestro en el país.
Cifras que alarman
Según registros del Ministerio de Defensa conocidos por este diario, durante el año pasado se registraron 701 secuestros en Colombia, un promedio de dos por día. Esta cifra no se veía desde 2006, cuando las extintas Farc utilizaban masivamente este crimen como arma económica y política. La tendencia ascendente es evidente: los 160 secuestros denunciados en 2021 se cuadruplicaron en 2025. Desde 2022, cada año ha superado el promedio de la década de vigencia del acuerdo de paz con las Farc. Entre 2024 y 2025, los casos pasaron de 313 a 701, un incremento de casi 400 secuestros en un solo año.
El caso de Santa Rosa, Boyacá
En diciembre pasado, en una mina de esmeraldas en Santa Rosa, Boyacá, un grupo armado secuestró a 71 personas. La rápida reacción de la Fuerza Pública logró la liberación de todos y la captura de 10 delincuentes. Según un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), desde 1995 no se registraba presencia violenta de grupos armados en Maripí, lo que alerta sobre la reactivación de violencias en zonas que habían estado en calma durante décadas.
266 personas en cautiverio
De los 266 colombianos y extranjeros que actualmente permanecen secuestrados en el país, 154 están en manos de grupos criminales con los que el Gobierno tiene o tuvo procesos de negociación. Del total, 28 son uniformados o funcionarios de organismos de seguridad, y 238 son civiles. Los grupos de delincuencia organizada tienen en su poder a 154 personas; las disidencias de las Farc, 66; el Eln, 35; el ‘clan del Golfo’, 4; y en siete casos no se ha establecido con claridad el grupo responsable debido a la confluencia de varias bandas en la misma región.
Secuestro que termina en asesinato
En varios casos, el secuestro deriva en homicidio o muerte en cautiverio. El joven periodista Mateo Pérez fue asesinado por las disidencias de alias Calarcá en Briceño, Antioquia, luego de ser secuestrado y desaparecido forzadamente. A pesar de este crimen, ‘Calarcá’ y sus socios continúan protegidos por la ‘paz total’. El presidente Petro incluso exculpó a ‘Calarcá’ en una polémica declaración, atribuyendo el crimen a una disidencia de las disidencias. En 2025, dos secuestrados murieron en manos de sus captores. Este año, hasta el caso de Briceño, el único registro era el del exdiputado del Cauca Luis Carlos Vallejo Román, cuyo cuerpo fue hallado en López de Micay tras varios días de cautiverio.
Funcionarios secuestrados por el Eln
Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionarios del Departamento de Protección de la Fiscalía, fueron secuestrados por el Eln el 8 de mayo de 2025. Junto a los agentes de la Dijín Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, plagiados el 20 de julio del mismo año en Arauca, son los ‘condenados’ por el Eln. Sus familiares denuncian falta de respuesta e indolencia del Gobierno. “Yo le pregunto al señor Gustavo Petro: si fuera su hijo, si fuera un familiar suyo… ¿usted qué haría? Ahí sí se mueve, ahí sí hace algo”, expresó Yariel Macualo, esposa del agente López Estrada.
Llamados de atención
La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y la Procuraduría hicieron un llamado urgente al Eln para que libere sin condiciones a los cuatro plagiados, rechazando que una organización criminal pretenda atribuirse funciones judiciales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que “no hay causa ni noble ni vil que justifique un secuestro”. Sin embargo, fuentes de la región indican que el Eln secuestra militares y civiles en Arauca porque nadie se lo impide. Incluso, hasta hace tres meses, muchas víctimas eran llevadas a Venezuela mientras se gestionaba el rescate o el efecto político esperado.
Respuesta oficial insuficiente
Mientras las familias esperan un pronunciamiento del presidente Petro, este diario conoció que las pruebas de supervivencia de los funcionarios llegaron gracias a la Iglesia Católica, que las entregó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Sin claridad sobre el procedimiento, a los familiares les han dicho que la DNI es la encargada de buscar acercamientos con el Eln para lograr la liberación.
Elizabeth Dickinson, directora adjunta para América Latina de International Crisis Group, advierte que el regreso del secuestro refuerza las dudas sobre las negociaciones con los grupos armados. “El secuestro tiene una carga emocional y simbólica muy alta en el conflicto. Los casos vigentes muestran que es una práctica generalizada”, afirmó.
Rescates en aumento
Entre enero y marzo de 2026, fueron rescatadas 45 personas, frente a 16 en el mismo periodo de 2025. El histórico de rescates muestra un aumento progresivo desde 2021, cuando se registraron 29 personas recuperadas. En 2022 fueron 67; en 2023, 85; en 2024, 69; y en 2025, la cifra cerró en 105.
Deterioro del orden público
El incremento del secuestro ocurre en medio de un deterioro sostenido del orden público en varias regiones. Mientras continúan los diálogos con grupos armados, la Fuerza Pública enfrenta ataques, hostigamientos y atentados que han dejado decenas de policías y militares muertos o heridos. El secuestro resurge como mecanismo para incrementar rentas ilegales, presión territorial y desmoralización contra el Estado en zonas con débil presencia institucional.
Zonas críticas
Los secuestros se concentran en Arauca, Cauca, Norte de Santander y otras zonas del sur del país, donde coinciden intereses insurgentes, economías ilegales y rutas del narcotráfico. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz alerta que el país enfrenta la posibilidad de que el secuestro se expanda en regiones urbanas y rurales. “Hoy, Colombia se enfrenta a la posibilidad de que el fantasma del secuestro planeé de nuevo sobre campos y ciudades. El reto para el Estado es contenerlo antes de que alcance las dimensiones que marcaron algunos de los capítulos más oscuros de nuestra historia reciente”, señala el documento.
Secuestro exprés en ciudades
Fuentes policiales y analistas advierten que el secuestro exprés para presionar pagos de ‘vacunas’ o cobrar cuentas entre bandas criminales en centros urbanos es un riesgo creciente e invisibilizado. Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, alerta sobre la posibilidad de que los grupos armados busquen un canje humanitario por delincuentes presos.
Las familias de los rehenes en Arauca aseguran que, más allá de las declaraciones del ministro de Defensa, el equipo de Paz del Gobierno, liderado por Otty Patiño, no les ha prestado atención, a pesar de que esa oficina mantuvo estrechos contactos con el Eln en Colombia y Venezuela durante dos años.
