Nuevo modelo de pasaportes entra en vigencia bajo escrutinio de la Procuraduría
Este primero de abril marca el inicio oficial del nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia, un proceso que se desarrolla bajo la sombra de advertencias de organismos de control, demandas judiciales en curso y cuestionamientos jurídicos que permanecen sin resolver. La implementación, que involucra un convenio internacional con Portugal y la Imprenta Nacional, enfrenta un escenario complejo desde su arranque.
Procuraduría pide suspender pagos y cuestiona contratos
La Procuraduría General de la Nación ha emitido una fuerte advertencia sobre presuntas irregularidades en el acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal, al punto de solicitar la suspensión de los pagos asociados a este convenio. Además, el Ministerio Público ha encendido alarmas por un contrato con la Imprenta Nacional que supera los 185 mil millones de pesos, señalando falta de claridad en las fechas de inicio y destacando que ya se han firmado varios acuerdos similares con el mismo objetivo.
Demandas judiciales y transición problemática
Mientras el nuevo esquema entra en vigencia, el proceso no está libre de conflictos legales. Actualmente existen demandas en curso que buscan frenar el convenio internacional con Portugal, lo que mantiene una incertidumbre jurídica significativa sobre la implementación del modelo. Esta transición también implica la salida definitiva de la firma privada Thomas Greg & Sons, que durante casi dos décadas produjo los pasaportes en el país, para dar paso a un sistema estatal con apoyo tecnológico extranjero.
Operación paralela y garantías del gobierno
Para mitigar posibles fallas, el gobierno ha establecido una operación paralela de ambos modelos durante el primer mes de implementación. Aunque las autoridades aseguran que el servicio no se verá afectado y que los tiempos de entrega y costos se mantendrán iguales, los organismos de control mantienen una vigilancia estricta sobre todo el proceso. La transición, por tanto, se desarrolla en un contexto de alta supervisión y tensión institucional, mientras se espera que el nuevo sistema demuestre su eficacia y transparencia en las próximas semanas.
