Senador electo preso por corrupción en la UNGRD pretende asumir curul desde prisión
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha remitido formalmente a la Presidencia y a la Mesa Directiva del Senado de la República una solicitud ciudadana que plantea un dilema constitucional de gran trascendencia. El abogado Francisco Javier Araujo Morelos presentó un derecho de petición cuestionando si el senador electo Wadith Alberto Manzur Imbett, actualmente recluido con medida de aseguramiento privativa de la libertad en la Escuela de Carabineros, puede legalmente tomar posesión de su curul el próximo 20 de julio de 2026.
El debate jurídico sobre derechos políticos y medidas cautelares
En su solicitud, Araujo Morelos formuló dos preguntas fundamentales al alto tribunal: primero, si existe garantía procesal para que Manzur Imbett pueda materializar el acto de posesión como Senador en la ceremonia de instalación del Congreso para el periodo constitucional 2026-2030. Segundo, si la medida de aseguramiento preventiva implica necesariamente la imposibilidad absoluta de ejercer el mandato representativo que le confirió el voto popular.
El abogado argumentó de manera contundente que, aunque las medidas de aseguramiento son constitucionalmente legítimas, "no pueden traducirse en la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos". Según su criterio profesional, prohibir absolutamente la posesión equivaldría a vulnerar principios democráticos fundamentales.
La respuesta institucional y el traslado de competencias
La Sala Especial de Instrucción respondió que no emitirá pronunciamiento directo sobre los puntos planteados por el peticionario. Sin embargo, en consideración a que la solicitud contempla asuntos referidos específicamente a la posesión de congresistas electos para el nuevo periodo legislativo, decidió trasladar íntegramente la petición al Senado de la República.
El magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos firmó el auto correspondiente el 27 de marzo de 2026, mediante el cual se ordenó formalmente esa remisión institucional. El oficio fue dirigido específicamente al presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, quien deberá coordinar el análisis y eventual pronunciamiento de la corporación legislativa.
Los antecedentes procesales del caso UNGRD
La Corte Suprema dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Manzur Imbett el 11 de marzo de 2026, tras concluir en su investigación que el Senador electo presuntamente negoció sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) a cambio de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Apenas ocho días después de esta decisión judicial, el 19 de marzo, el senador conservador fue trasladado de manera definitiva al complejo carcelario adscrito a la Escuela de Carabineros, vinculado al establecimiento penitenciario de La Picota, donde permanece recluido actualmente.
El entramado corrupto y sus dimensiones económicas
El proceso que mantiene privado de la libertad a Manzur se enmarca en el extenso entramado de corrupción destapado alrededor de la UNGRD, que según las investigaciones habría costado al erario público aproximadamente $92.000 millones. Estos recursos se habrían desviado principalmente a través de sobrecostos en la adquisición de carrotanques destinados a La Guajira.
La Corte Suprema concluyó, tras recaudar exhaustivas pruebas documentales y testimoniales, que "en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de los créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos" ubicados en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar. Según los magistrados, representantes del Ejecutivo habrían comprometido gravemente la función legislativa de los parlamentarios procesados.
Otros implicados y contexto electoral
El caso mantiene también privados de la libertad a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, este último señalado por la Corte Suprema como autor intelectual de la red corrupta desde finales de 2025. La investigación continúa desarrollándose con posibles nuevas implicaciones.
Pese a la medida de aseguramiento vigente al momento de los comicios legislativos del 8 de marzo de 2026, Wadith Manzur logró una contundente votación de 134.914 votos, lo que lo posicionó como el séptimo candidato más votado del país y el tercero dentro del Partido Conservador. Este respaldo electoral le garantizó matemáticamente su curul en el Senado para el periodo 2026-2030, generando el actual dilema institucional sobre su posible posesión desde prisión.
