Lucas Gómez, director para Colombia de Tent Partnership for Refugees, abordó los principales desafíos migratorios que enfrenta el país en la actualidad. Durante su gestión como Gerente de Fronteras en la administración de Iván Duque, Gómez conoció de cerca las políticas públicas relacionadas con los migrantes, especialmente aquellos provenientes de Venezuela.
Reconfiguración migratoria en América Latina
Las medidas represivas adoptadas por la segunda administración de Donald Trump han generado una reconfiguración del fenómeno migratorio en el continente. Colombia, que históricamente fue un país de paso para quienes buscaban el ‘sueño americano’, se ha convertido en una opción real para muchos migrantes, en particular los venezolanos.
Lucas Gómez, quien visitó Cali en representación de Tent Partnership for Refugees, sostuvo reuniones con el Ministerio del Trabajo y el sector empresarial para buscar oportunidades laborales para migrantes no regularizados. En diálogo con El País, señaló los retos que Colombia debe asumir ante la nueva dinámica migratoria.
Marco normativo actual
En 2021, Colombia adoptó el ‘Estatuto Temporal de Protección’ (PPT) mediante un decreto presidencial. Este proceso regularizó a casi 1.8 millones de migrantes venezolanos, aunque actualmente se estima que hay 2.4 millones en el país. El PPT otorga a los migrantes venezolanos los mismos derechos que a los colombianos, excepto los políticos.
Posibles cambios en políticas públicas
El Estatuto Temporal de Protección cerró su ventana de regularización, pero la Reforma Laboral incluye un artículo (el 37) que permite la regularización a través de la formalización laboral. Esto significa que personas en situación irregular pueden obtener una vía de regularización si una empresa las contrata. Gómez enfatizó que la migración puede ser un factor de desarrollo y productividad para las empresas.
Impacto de las políticas de Trump en la región
El cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos desde 2024 ha afectado los flujos migratorios en Colombia. El Darién ya no es una ruta transitada, y se ha observado una ‘migración inversa’ de personas que retornan a Colombia. Además, hay un aumento de colombianos retornados, muchos deportados o que regresan voluntariamente por temor a vivir en Estados Unidos. Tent Partnership for Refugees coordina con el DPS y Colombia Nos Une para identificarlos.
En Chile, las medidas anunciadas por Kast para deportar venezolanos se están reconsiderando debido a la importancia de la mano de obra migrante en la agroindustria chilena.
Necesidades de la población migrante
Desde Tent, Gómez señaló que muchos migrantes tienen estudios superiores y experiencia, y se enfocan en validar sus competencias. La mayoría busca trabajos de baja barrera, que no requieren títulos convalidados. El mayor desafío es la informalidad: en Colombia es del 60%, mientras que entre los migrantes alcanza el 74%.
Balance del gobierno de Petro
Gómez destacó que la institucionalidad migratoria tuvo tropiezos durante el gobierno de Gustavo Petro, aunque celebró la creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios en la Cancillería. Quedan tareas pendientes como la regularización de entre 500 mil y 1 millón de personas irregulares, y la integración socioeconómica, que fue precaria desde el Ministerio de Igualdad y Equidad.
Perspectivas con Venezuela
El 98% de los migrantes en Colombia son venezolanos. A pesar de la incertidumbre generada por los eventos del 3 de enero, el 80% de los venezolanos en Colombia manifiestan vocación de permanencia. El régimen de Maduro sigue en el poder, ahora con Delcy Rodríguez, lo que desalienta el retorno.
Tendencias globales
Gómez observa una radicalización en las políticas migratorias globales, vinculada a ciclos electorales. El amarillismo y la estigmatización dificultan la integración de refugiados y migrantes. Reino Unido sigue las políticas de Trump, mientras que Francia aborda el tema en campaña. España es una excepción con un proceso de regularización para 500.000 personas, en su mayoría colombianos.
Futuro del Estatuto Temporal de Protección
El PPT tiene vigencia de 10 años, hasta marzo de 2031. El próximo gobierno deberá definir un nuevo diseño institucional para la regularización o una ampliación del estatuto en los próximos cuatro años.
