Alerta por supuestas fallas en convocatorias de ciencia que ponen en riesgo billonarios recursos
Durante la última semana, representantes de gremios, asociaciones y universidades han expuesto ante la Procuraduría General y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) lo que consideran irregularidades graves en nueve convocatorias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. De no subsanarse estas supuestas fallas, podrían perderse esfuerzos de años y recursos que ascienden a 2,7 billones de pesos provenientes del sistema de regalías.
El origen de la controversia
El centro del conflicto se remonta a la vigencia 2023-2024, cuando diversas asociaciones participaron en convocatorias de desarrollo tecnológico que superaron evaluaciones, revisiones y subsanaciones. Sin embargo, sus aspiraciones se vieron truncadas por dilaciones en la Secretaría Técnica del OCAD de CTeI, dependiente del MinCiencias, que amenazan con sepultar la financiación de estos proyectos estratégicos.
Según los denunciantes, durante los dos últimos años el Ministerio habría retrasado sistemáticamente el trámite de las nueve convocatorias mediante adendas y cambios en los cronogramas. La situación se agravó el pasado 17 de octubre cuando, según los afectados, cambiaron arbitrariamente las reglas del juego.
El concepto del DNP que divide aguas
La cartera ministerial adoptó un concepto no vinculante del DNP que establece que los proyectos no aprobados en un bienio determinado no pueden financiarse con recursos de otro período. Esta interpretación ha generado un conflicto jurídico y administrativo sin precedentes en el sector científico colombiano.
Juan Guillermo Salazar Pineda, integrante de Codecti Risaralda Sociedad Civil, señaló a EL TIEMPO una contradicción fundamental: "Mientras el Ministerio dice que el concepto es obligatorio, existe el precedente de que en el bienio 2023-2024 se aprobaron proyectos del bienio 2021-2022. Si ese concepto del DNP es válido, entonces deberían investigarse a los integrantes del Ocad que aprobaron esos proyectos".
Por su parte, Will Cotrino, otro de los afectados, afirmó categóricamente: "En ningún lado el DNP dice que las convocatorias se deben cancelar, y aun así MinCiencias tiene todas las convocatorias en el limbo jurídico. Están en riesgo 2,7 billones de pesos que se debieron asignar para cerrar las brechas territoriales en ciencia, tecnología e innovación".
El impacto en el ecosistema científico
En un comunicado conjunto, los rectores de 14 universidades, junto con fundaciones, corporaciones, gremios, centros de investigación y profesionales independientes, expresaron su profunda preocupación: "Tras la reasignación arbitraria de recursos aprobada en el último OCAD CTeI, se ha sepultado el esfuerzo de cientos de científicos, comunidades, universidades y entidades territoriales, perdiendo recursos privados y públicos invertidos en evaluadores de proyectos, mesas técnicas, diseño de convocatorias, asesores jurídicos y formulación de proyectos".
Los firmantes advirtieron que esta situación no solo representa un retroceso administrativo, sino que podría significar la extinción de recursos cruciales para las convocatorias del Sistema General de Regalías, afectando gravemente el desarrollo científico y tecnológico del país.
La posición oficial del Ministerio
Desde el Ministerio de Ciencia, dirigido por Yesenia Olaya, enviaron un comunicado explicando que el año pasado iniciaron una revisión exhaustiva sobre la aplicación del concepto del DNP, dado que al tratarse de recursos del sistema de regalías, el régimen presupuestal es de carácter general y no diferencia entre asignaciones.
"El Ministerio elevó una consulta formal, respondida el 26 de diciembre de 2025, suscrita por el Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento Nacional de Planeación, doctor Franck Yurlian Olivares Torres, quien ratificó que las reglas presupuestales del Sistema General de Regalías (SGR) aplican a todas las asignaciones sin excepción", señaló el documento oficial.
Además, la cartera ministerial destacó que se realizaron varias mesas de trabajo, y en una de enero de este año, el DNP ratificó que la disponibilidad presupuestal para el nuevo bienio solo aplica para proyectos del pasado que alcanzaron a ser aprobados en todas sus fases.
Intervención de la Procuraduría y próximos pasos
Para buscar una solución al conflicto, el pasado jueves se citaron todos los interesados en la sede principal de la Procuraduría General de la Nación. Un delegado experto en regalías escuchó a los distintos afectados y a Carolina Montealegre, vocera del MinCiencias para este asunto.
Según Cotrino, quien participó en la reunión, "la Procuraduría generó nuevas alertas de irregularidades en los procesos de convocatorias, hizo recomendaciones para solucionar el problema y promovió el desarrollo de una mesa jurídica en el DNP para buscar alternativas de solución desde un nuevo concepto jurídico complementario o ampliado".
Salazar agregó que el problema también está relacionado con la alta rotación de secretarios técnicos -más de diez según sus cálculos- lo que generó diversos criterios en cada evaluación y retrasó el avance de las convocatorias. No obstante, mostró optimismo respecto a la mesa jurídica programada en el DNP para el 25 de marzo.
La reunión clave en el DNP
La cita en el Departamento Nacional de Planeación se realizó en horas de la tarde, y según Cotrino, la Federación Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación presentó 12 solicitudes específicas respecto al concepto en el que se basa el MinCiencias para suspender las convocatorias.
"La Procuraduría dijo que no es vinculante el concepto jurídico del DNP, y que con MinCiencias está diseñando un régimen de transición que corrija estas problemáticas por vacíos normativos", explicó Cotrino, añadiendo que en los próximos días se solicitará convocar a una sesión informativa para explicar esta compleja situación a los nuevos miembros del OCAD.
La resolución de este conflicto resulta crucial para el futuro de la ciencia y la tecnología en Colombia, pues de ella depende no solo la asignación de recursos billonarios, sino la credibilidad del sistema de convocatorias y la confianza del ecosistema científico nacional en las instituciones responsables de fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico.
