El incumplimiento de las metas fiscales en 2025 y las proyecciones adversas para 2026 dificultan el retorno de Colombia a la regla fiscal y elevan la incertidumbre económica, según advirtió el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) en su más reciente informe al Congreso.
Diagnóstico del CARF
El organismo señaló que este desvío incrementa las necesidades de ajuste y compromete la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. El diagnóstico del CARF pone en el centro la persistencia de un déficit fiscal elevado desde la pandemia, explicado tanto por factores estructurales como recientes. El bajo crecimiento de los ingresos, pese a reformas tributarias recurrentes, se combina con un aumento sostenido del gasto público por encima de la tendencia regional. A esto se suman deficiencias de planeación fiscal que han profundizado el desbalance estructural.
Metas incumplidas y proyecciones
El informe advierte que la meta de balance primario fijada para 2025 se incumplió por un amplio margen, incluso después de que el Gobierno activara la cláusula de escape de la regla fiscal por tres años. Para 2026, el CARF proyecta un déficit primario de 3,7% del PIB, superior al 2,1% estimado por el Gobierno, lo que refuerza el riesgo de nuevas desviaciones. Este escenario incrementa de forma significativa el esfuerzo necesario para retomar la senda fiscal. El Comité señala que, de haberse cumplido las metas iniciales, el ajuste requerido habría sido de 1,4% del PIB. Sin embargo, bajo las condiciones actuales, el país necesita una corrección cercana a 4,1% del PIB, lo que evidencia un deterioro en la trayectoria de consolidación fiscal.
Limitaciones operativas
La situación se agrava porque las herramientas presentan limitaciones operativas. El decreto de aplazamiento de gasto aún no ha sido expedido, mientras que más de la mitad de las apropiaciones de inversión ya están comprometidas. En este contexto, el CARF considera que la estrategia oficial para recortar el gasto es poco probable.
Riesgos sobre la deuda pública
El incumplimiento de las metas fiscales no solo retrasa el retorno a la regla fiscal, sino que también incrementa los riesgos sobre la sostenibilidad de la deuda pública. El informe advierte que una trayectoria insostenible derivaría en un episodio de alto estrés financiero, lo que obliga a adoptar medidas correctivas de mayor magnitud en un periodo más corto. El Comité estima que el país requerirá un ajuste fiscal sin precedentes de entre 4% y 5% del PIB en el próximo cuatrienio para estabilizar la deuda. Además, incluso el escenario base plantea incertidumbre, ya que la efectividad de las medidas dependerá del comportamiento del crecimiento económico y de la tasa de interés implícita de la deuda.
Estrategia de deuda y contexto macroeconómico
A este panorama se suma la estrategia reciente de manejo de deuda, que, si bien ha tenido efectos neutros en el costo de largo plazo, ha incrementado las necesidades de financiamiento en el corto plazo y los riesgos de refinanciamiento. Este cambio en la estructura de la deuda añade presión a las finanzas públicas en un entorno ya exigente. El contexto macroeconómico tampoco ofrece un margen amplio de maniobra. El CARF proyecta que el crecimiento tendencial del PIB será de apenas 2,6% en la próxima década, lo que limita la capacidad de generar ingresos adicionales y obliga a que el ajuste fiscal recaiga en medidas estructurales. Este entorno de bajo crecimiento amplifica la dificultad de cerrar brechas fiscales.
Urgencia de medidas
En este escenario, el Comité insiste en la urgencia de adoptar medidas que permitan reducir el déficit mediante una combinación de menores gastos y mayores ingresos. La estrategia, advierte, debe considerar aspectos como la gradualidad y su impacto sobre la población, pero también garantizar resultados suficientes para estabilizar las finanzas públicas. El informe subraya que es fundamental restablecer el ancla fiscal, entendida como el marco de reglas que orienta la sostenibilidad de la deuda y la credibilidad de la política económica. Sin este elemento, la incertidumbre sobre la trayectoria fiscal puede traducirse en mayores primas de riesgo y en condiciones financieras más restrictivas para el país.
Preocupación institucional
A la par, el documento introduce un elemento adicional de preocupación institucional. El CARF señala que el presupuesto asignado para 2026 es insuficiente para cumplir su mandato legal, lo que implicaría que su capacidad técnica se vería limitada hacia finales de octubre. Esta situación podría afectar la supervisión independiente de las finanzas públicas. En conjunto, el informe dibuja un escenario en el que la política fiscal enfrenta restricciones crecientes y donde las decisiones pendientes tendrán un impacto determinante sobre la estabilidad macroeconómica. La combinación de metas incumplidas, bajo crecimiento y mayores necesidades de ajuste configura un entorno de alta exigencia para la conducción fiscal en los próximos años.
