Secretario de Transparencia pone en duda la denuncia que causó retiro de general de la Policía
El exministro de Justicia encargado y actual secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, manifestó públicamente su convicción de que se cometió una injusticia en el caso que condujo al retiro del general Edwin Urrego de la Policía Nacional. Esta decisión se tomó tras una denuncia sobre un supuesto complot contra el presidente Gustavo Petro, según reveló el funcionario en declaraciones recientes.
Idárraga revela desconocimiento del proceso
Idárraga afirmó categóricamente que conoció el caso únicamente a través de la prensa y que la denuncia anónima que habría originado la decisión nunca pasó por sus manos. Explicó detalladamente que la correspondencia proveniente de la Casa de Nariño fue trasladada directamente a la jefatura de protección presidencial, encabezada por el general (r) Humberto Guatibonza, de acuerdo con las competencias establecidas en el protocolo institucional.
El funcionario también señaló que existieron "voces no anónimas" que advirtieron sobre supuestos problemas en Barranquilla relacionados con la gestión de Urrego durante su comando en esa ciudad. Además, mencionó situaciones ocurridas en el último semestre del año pasado en el área metropolitana de Barranquilla que habrían generado incomodidad institucional. Idárraga indicó que los nombres de quienes formularon esos señalamientos serán entregados formalmente a la Fiscalía General de la Nación para su investigación correspondiente.
Inconsistencias en la denuncia anónima
Sin embargo, el secretario de Transparencia puso en seria duda la solidez del documento anónimo, al advertir notables inconsistencias entre el momento de su envío en octubre de 2025 y la relevancia que adquirió meses después. Esta denuncia se convirtió en un elemento central durante un Consejo de Ministros en el que el presidente Petro hizo pública la acusación contra el general Urrego, generando un debate nacional sobre los procedimientos de inteligencia.
Contraste con la postura de la Dirección Nacional de Inteligencia
Las declaraciones de Idárraga contrastan marcadamente con lo expresado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad señalada como responsable del informe en el que se basó la denuncia inicial. Sobre este documento han surgido múltiples cuestionamientos por presuntas irregularidades, entre ellas la mención de fuentes de información inexistentes o no verificadas adecuadamente.
En un comunicado oficial, la DNI indicó que el jefe de Estado tiene la facultad constitucional y legal para retirar a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas y de Policía. La entidad añadió que las fuentes de información del Presidente no se limitan exclusivamente a la DNI, sino que incluyen reportes de otras agencias de inteligencia y datos provenientes directamente de la ciudadanía a través de diversos canales de denuncia.
La acusación y la defensa del general Urrego
El general Edwin Urrego, quien se desempeñó como director de Investigación Criminal e Interpol y como comandante de la Policía en Barranquilla y Cali, fue retirado de su cargo días después de que el presidente Petro lo señalara públicamente. Durante un Consejo de Ministros televisado nacionalmente, el mandatario lo acusó de estar detrás de un supuesto plan para sembrar droga en el vehículo presidencial con el fin de sabotear una reunión programada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Urrego calificó la acusación como una "locura" y afirmó contundentemente que nunca tuvo cercanía alguna con el vehículo presidencial. Además, sostuvo que los señalamientos podrían obedecer a represalias por su actuación contra estructuras criminales en los distintos cargos que ocupó a lo largo de su carrera policial, especialmente durante sus periodos de mando en ciudades con alta incidencia delictiva.
Debate político y cuestionamientos institucionales
El caso continúa generando un intenso debate político y múltiples cuestionamientos sobre el origen y la verificación de la información que motivó la decisión presidencial. Expertos en transparencia y derechos humanos han manifestado preocupación por los procedimientos seguidos en este proceso, mientras sectores políticos exigen mayores claridades sobre los mecanismos de inteligencia que sustentan decisiones de tal magnitud dentro de la fuerza pública colombiana.
La situación ha puesto en evidencia las tensiones existentes entre diferentes instancias del gobierno y ha reavivado el debate sobre los límites y controles necesarios en los procesos de inteligencia que afectan la carrera y reputación de altos oficiales de la Policía Nacional de Colombia.
