Seis centros de pensamiento presentan hoja de ruta para el próximo gobierno colombiano
Seis destacados centros de pensamiento de Colombia se han unido para elaborar una hoja de ruta concreta con propuestas y cambios normativos específicos que podrían servir tanto al próximo presidente del país como al nuevo Congreso que surja de las elecciones. La iniciativa, denominada 'Colombia Progresa 2630', busca ofrecer soluciones prácticas a los desafíos más urgentes que enfrenta la nación.
Diagnóstico y propuestas sectoriales
La coalición está liderada por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), el Centro Regional de Estudios Energéticos (Cree), Así vamos en Salud, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) y el centro de pensamiento económico Anif. Cada organización ha realizado un diagnóstico profundo en su área de especialización, abarcando desde la competitividad hasta el sector energético, la salud, la seguridad y la inclusión financiera.
Tras meses de trabajo colaborativo, han formulado una serie de reformas normativas y regulatorias que consideran indispensables para dinamizar la economía colombiana y resolver los problemas estructurales existentes. "El problema más urgente que debe abordar el próximo presidente es tener un plan fiscal que sea creíble y que los mercados se lo compren", manifestó José Ignacio López, presidente de Anif.
Competitividad y marco regulatorio
En el ámbito de la competitividad, Ana Fernanda Maiguashca, presidente del CPC, señaló que Colombia opera bajo un marco regulatorio excesivamente complejo, fragmentado y costoso que desincentiva la innovación, retrasa proyectos estratégicos y eleva los costos de transacción para ciudadanos y empresas. "Existe una cultura normativa que lleva a tener una estructura de pedir permisos muy densa. Ese tejido hace que el ímpetu de producir esté limitado", explicó.
Entre sus propuestas destacan:
- Aligerar los procesos de permisos y consolidar ventanillas únicas
- Implementar una depuración normativa permanente para eliminar duplicidades
- Modernizar instituciones regulatorias y mejorar su coordinación
- Reformar el Estatuto Aduanero y eliminar trámites duplicados
- Establecer reglas homogéneas para medios de pago digitales
Desafíos energéticos y de salud
En el sector energético, Tomás González, director del Cree, alertó sobre la compleja situación actual donde la oferta no ha podido crecer al ritmo de la demanda en gas, energía eléctrica y petróleo. "Lo más importante para el próximo presidente será destrabar los proyectos para que tengamos energía", afirmó.
Sus recomendaciones incluyen:
- Completar inmediatamente la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) con comisionados técnicos independientes
- Saneamiento financiero del sistema energético
- Liberación del precio del diésel con impacto fiscal estimado en 8 billones de pesos
- Apoyar la producción de hidrocarburos y carbón en territorios productores
En materia de salud, Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, enfatizó la necesidad urgente de un plan de financiamiento que solucione la crisis financiera del sector. "Es necesario estabilizar de inmediato el sistema con mayor liquidez", sostuvo, proponiendo el uso de vigencias futuras y reservas técnicas, así como cambios en la dirección de gastos ya planificados.
Seguridad y estado de derecho
El Cerac destacó que Colombia enfrenta una gran inseguridad resultado de un ecosistema criminal en auge y altamente fragmentado, donde múltiples organizaciones criminales especializadas se enfrentan en disputas violentas. Sus propuestas incluyen:
- Incrementar capacidades de la fuerza pública bajo restricción fiscal
- Implementar marco legal integral para desmantelar organizaciones criminales
- Modernizar el sistema judicial
- Reorganizar la Policía Nacional
Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, identificó cinco dimensiones clave donde las propuestas regulatorias pueden tener efecto positivo: seguridad jurídica, eficiencia y fortalecimiento institucional, legitimidad y participación democrática, competitividad y productividad, y modernización regulatoria.
Esta iniciativa conjunta representa un esfuerzo sin precedentes de la sociedad civil organizada para contribuir con soluciones técnicas y concretas a los principales desafíos que enfrentará el próximo gobierno colombiano, ofreciendo una hoja de ruta basada en evidencia y experiencia sectorial.
