El fenómeno del mal gobernante como instrumento de castigo político
En las democracias contemporáneas, es común observar cómo gobernantes con evidentes deficiencias en su gestión mantienen niveles significativos de apoyo popular. Este fenómeno responde a una dinámica compleja donde el desencanto colectivo se canaliza hacia la figura visible del mandatario, transformándolo en un símbolo concentrado de frustraciones estructurales más amplias.
La lógica del voto punitivo
El apoyo a un mal gobierno frecuentemente opera como mecanismo para "castigar" a sectores privilegiados, constituyendo una forma de política punitiva. En este escenario, el voto no se orienta principalmente hacia la eficiencia gubernamental o la calidad de la gestión, sino hacia la corrección -real o simbólica- de agravios históricos acumulados. La evaluación del desempeño queda así subordinada al valor del castigo político, donde el odio se convierte en argumento central.
Polarización y deslegitimación moral
La polarización política refuerza sustancialmente este fenómeno. La crítica se desplaza progresivamente del debate programático y de ideas hacia la deslegitimación moral del adversario. Cuando la polarización adquiere carácter identitario, el proceso se profundiza: la política se reconfigura como un conflicto entre "el pueblo" y "la oligarquía".
En este contexto, cualquier cuestionamiento al gobierno es interpretado automáticamente como defensa de intereses privilegiados. Las fallas de gestión se relativizan sistemáticamente o se atribuyen a sabotajes externos, mientras la lealtad política adopta un carácter esencialmente relacional: apoyar al gobierno equivale a oponerse a élites dominantes, incluso cuando los resultados materiales son ambiguos o francamente negativos.
Casos históricos del fenómeno
Numerosos ejemplos internacionales hacen visible este patrón recurrente:
- Juan Domingo Perón en Argentina
- Hugo Chávez en Venezuela
- Viktor Orbán en Hungría
- Jarosław Kaczyński en Polonia
- Donald Trump en Estados Unidos
En todos estos casos, crímenes, excesos, fallas éticas, comportamientos inmorales o episodios de corrupción pasaron a un segundo plano frente a la identificación con quien encarnaba el castigo al adversario político percibido. Particularmente en el caso de Trump, su liderazgo canalizó efectivamente un voto punitivo contra élites políticas, mediáticas y tecnocráticas vistas como distantes, condescendientes o responsables de problemas estructurales.
El caso colombiano: Petro y la aprobación del 40%
La noción del "mal gobernante como castigo" puede explicar por qué el gobierno de Gustavo Petro mantiene niveles de aprobación cercanos al 40%, a pesar de percepciones extendidas de bajo desempeño en múltiples frentes. Datos reveladores indican que en Colombia, al menos una de cada tres personas (37,8%) considera que la corrupción es el principal problema del país, superando ampliamente preocupaciones como:
- La inseguridad o el narcotráfico (25%)
- La salud (12,3%)
- Otros problemas estructurales
El apoyo al gobierno petrista no parece expresar tanto confianza en la capacidad de gestión presidencial como rechazo a aquello que Petro representa como antítesis: el establecimiento político tradicional, el uribismo, las élites tecnocráticas o los pactos implícitos entre política y grandes intereses económicos. Desde esta perspectiva, retirar el respaldo al gobierno puede percibirse, para ciertos sectores, como "devolver el poder" a los responsables históricos del malestar acumulado.
Los límites del modelo y los costos materiales
No obstante, este modelo político tiende a agotarse progresivamente cuando los costos materiales comienzan a recaer de manera más directa sobre los mismos sectores en los que se ha cultivado el antagonismo. Indicadores recientes de desempleo son particularmente elocuentes:
- Tasas estimadas entre 25% y 33% en Quibdó
- Aproximadamente 22% en Riohacha
- Niveles elevados en Popayán y Tumaco
Estos datos sugieren que el deterioro económico empieza a afectar precisamente a poblaciones que fueron interpeladas simbólicamente como beneficiarias del castigo político. En ese punto crítico, la narrativa identitaria enfrenta límites cada vez más visibles y tangibles.
Una alternativa: construir esperanza frente al odio
Existe un camino claro para desplazar el odio como motor político: construir esperanza mediante propuestas concretas. Hasta el momento, la mayoría de candidatos y actores políticos no han comprendido esta dinámica, permaneciendo atrapados en la lógica de la polarización que alimenta el fenómeno analizado.
Frente al 40% de petristas identificados en las encuestas, no son las críticas a Petro lo que los moverá sustancialmente, pero sí podría hacerlo una nueva esperanza basada en proyectos viables, inclusivos y transformadores. La superación de la política punitiva requiere trascender la mera oposición para ofrecer alternativas creíbles que conecten con las aspiraciones materiales y simbólicas de la ciudadanía.
