Exparamilitar condenado en segunda instancia mantiene su rol como gestor de paz
El Tribunal Superior de Bucaramanga emitió una sentencia de segunda instancia el pasado 10 de febrero de 2026 contra Juan Carlos García, conocido con el alias Botalón, quien actualmente ejerce como gestor de paz designado por el presidente Gustavo Petro. Este fallo judicial, documentado en cuarenta páginas, confirma la participación del condenado en graves delitos durante su pertenencia a grupos paramilitares.
Historial delictivo y expulsión del proceso de Justicia y Paz
Según la sentencia, García admitió en el marco del proceso de Justicia y Paz la comisión de más de 53 crímenes y la responsabilidad en más de 100 desapariciones. Los registros judiciales detallan que en 2016, el ahora gestor de paz se unió a otros desmovilizados para formar una organización armada dedicada a actividades ilícitas como:
- Extorsión a ciudadanos y comerciantes
- Tráfico de drogas y narcóticos
- Comisión de atentados y actos violentos
Pese a estas confesiones, en enero de 2025, García fue expulsado formalmente del proceso transicional de Justicia y Paz por incumplimiento de los requisitos establecidos. Esta decisión marcó un punto crucial en su trayectoria judicial.
Designación presidencial y vigencia del cargo
Contrario a lo esperado tras su expulsión, en septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro designó a Juan Carlos García como gestor de paz, una figura creada para facilitar procesos de reconciliación y diálogo en territorios afectados por el conflicto. Lo más llamativo es que esta designación se mantiene vigente incluso después de la condena en segunda instancia dictada en febrero de 2026.
La sentencia del tribunal santandereano no ha modificado el estatus de García como gestor de paz, quien continúa ejerciendo sus funciones diez días después del fallo judicial. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la compatibilidad entre un cargo público de esta naturaleza y un historial delictivo confirmado por la justicia.
Decisión pendiente sobre la continuidad en el cargo
La determinación final sobre la permanencia de Juan Carlos García en su rol como gestor de paz recae exclusivamente en el presidente Gustavo Petro. El mandatario deberá evaluar si mantiene la designación pese a la condena judicial firme, considerando aspectos como:
- La gravedad de los delitos admitidos por el condenado
- El impacto en la credibilidad de los procesos de paz
- Los posibles efectos en la reconciliación nacional
- Las implicaciones políticas de la decisión
Este caso representa un precedente significativo en la implementación de la política de paz del gobierno actual, donde se intersectan consideraciones judiciales, políticas y sociales en torno a figuras con pasado en grupos armados ilegales.
