Los recientes enfrentamientos entre el presidente y la Corte Suprema de Justicia, con acusaciones mutuas de complots y obstrucción a la justicia, han dejado perdedores en ambas instituciones. Por un lado, la Corte ha visto cuestionada su credibilidad ante la opinión pública; por otro, la dignidad presidencial se desgasta en trifulcas mediáticas. Lo que más preocupa es la pérdida de imagen y prestigio internacional de Colombia como país respetuoso de las leyes y las instituciones, como ya lo reflejan algunos diarios internacionales.
La respuesta presidencial y sus implicaciones
Ante las decisiones de las Cortes, el presidente afirmó: “en estos casos yo acostumbro apelar al juez principal del Estado de Derecho que es la opinión pública”. Esta declaración genera escalofríos, pues sugiere que la opinión pública estaría por encima de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. ¿Deben las decisiones judiciales supeditarse a los vaivenes de la opinión pública? ¿Acaso la obligación de fallar en derecho debe someterse a las vías de hecho de una votación mayoritaria? Esta lógica evoca el circo romano, donde los aplausos o abucheos decidían la vida o muerte del gladiador.
Confusión sobre la independencia de poderes
La afirmación presidencial revela una confusión sobre la independencia de los poderes en un sistema democrático. Si bien en el Ejecutivo y Legislativo la opinión pública es autoridad suprema mediante el voto directo, el poder Judicial no se somete a ese procedimiento. Los expertos coinciden en que esta postura niega elementos esenciales del Estado de Derecho: la preeminencia de las leyes, los pesos y contrapesos, y la existencia de instancias judiciales independientes. Si una opinión pública volátil y manipulable se impone sobre las instituciones, el sometimiento a la legalidad y el debido proceso son reemplazados por la arbitrariedad, con el peligro adicional del autoritarismo de quienes se consideran portavoces de esa opinión.
Este texto no se refiere a los recientes ataques del presidente Petro al Consejo de Estado ni a su llamado a que el pueblo constituyente “cambie los poderes que se oponen a sus derechos”. Lo escribí hace 19 años a propósito de declaraciones de Álvaro Uribe contra la Corte Suprema. Desafortunadamente sigue vigente porque persiste el peligro de supeditar el Estado de Derecho al Estado de Opinión.
