El Grupo EPM planteó la creación de un “Pacto Nacional de Confiabilidad 2026-2030” para el sector energético y una “Política nacional de equidad y convergencia territorial” enfocada en la Región Caribe, durante el foro virtual “Decisiones para garantizar el futuro de los servicios públicos en Colombia”.
En el encuentro, directivos de la compañía expusieron propuestas sobre regulación, abastecimiento energético, seguridad hídrica y transición energética, en medio de las presiones que enfrenta el sistema de servicios públicos por factores climáticos, normativos y de infraestructura.
Declaraciones del gerente general
El gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, afirmó que la discusión sobre sostenibilidad de los servicios públicos está relacionada con la capacidad de garantizar acceso continuo a agua potable, energía y gas natural. “Cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de llevar dignidad a cada hogar con agua potable, energía y gas natural. Hablamos de proteger los recursos naturales, de avanzar en una transición energética responsable y de construir un país resiliente ante el cambio climático”, señaló.
El directivo indicó que el Grupo EPM busca aportar propuestas técnicas a partir de su operación en diferentes regiones del país y recordó que la empresa mantiene coberturas superiores al 95 % en energía y al 92 % en acueducto. También destacó el papel del grupo empresarial como primer agente en producción de energía dentro del Sistema Interconectado Nacional.
Estabilidad regulatoria y expansión energética
Uno de los temas centrales del foro fue la necesidad de mantener estabilidad normativa en el sector de servicios públicos y acelerar procesos para nuevos proyectos de generación y transmisión de energía.
Jorge Yepes Vélez, vicepresidente Regulación EPM, sostuvo que las Leyes 142 y 143 de 1994 continúan siendo la base del sistema colombiano de servicios públicos y advirtió sobre los efectos de las modificaciones frecuentes en las reglas del sector. “Una institucionalidad fuerte es la que logra que los servicios lleguen hoy, pero también que sigan llegando mañana, con calidad y confianza”, afirmó.
Yepes Vélez pidió eliminar barreras relacionadas con licenciamientos ambientales y sociales, además de agilizar los trámites de conexión para facilitar la entrada de nuevos proyectos energéticos. Según explicó, la expansión de la infraestructura depende de reglas estables que permitan ejecutar inversiones de largo plazo.
Desafíos en generación y firmeza energética
Durante el foro también se discutió la situación de las tarifas eléctricas y la capacidad de respuesta del sistema energético frente a fenómenos climáticos extremos. Margarita Salazar Henao, vicepresidente Corporativa de Negocios Energía, señaló que el principal desafío no está en la capacidad de generación sino en garantizar firmeza energética para responder en momentos críticos.
“Colombia sí tiene energía hidroeléctrica a costos sostenibles y competitivos. Pero el verdadero riesgo de Colombia no es generar, es garantizar firmeza”, indicó la directiva.
Salazar Henao propuso que el Gobierno Nacional adopte un “Pacto Nacional o Plan de Choque de Confiabilidad 2026-2030”, con el propósito de priorizar la entrada de proyectos capaces de aportar energía firme o flexible antes de 2027. La iniciativa busca que estos proyectos reciban trámites y conexiones prioritarias para fortalecer la confiabilidad del sistema.
Caribe, subsidios y abastecimiento de gas
La situación de la Región Caribe ocupó otro de los espacios del encuentro. Ricardo Arango Restrepo, gerente general de Afinia, filial del Grupo EPM, presentó la propuesta de una “Política nacional de equidad y convergencia territorial”, enfocada en atender las condiciones estructurales de esa región.
Arango Restrepo aseguró que el Caribe colombiano enfrenta altos niveles de pobreza energética, fraude y rezago en infraestructura, factores que afectan la sostenibilidad del sistema eléctrico. “La sostenibilidad del sistema no puede seguir dependiendo únicamente de los operadores en territorios con desventajas estructurales”, afirmó.
El directivo agregó que el pago oportuno de subsidios por parte del Estado es necesario para evitar impactos sobre el mercado eléctrico nacional y advirtió sobre el riesgo de un “efecto contagio” en caso de mantenerse retrasos en esos desembolsos.
Transición energética y gas natural
En materia de transición energética, los directivos del Grupo EPM señalaron que el proceso debe avanzar sin comprometer el abastecimiento. Margarita Salazar afirmó que la transición debe ser técnica y económicamente viable para garantizar continuidad en la prestación de los servicios.
La gerente del Gas EPM, Luisa Pérez Fernández, sostuvo que el país enfrenta un escenario de “aditividad” energética, en el que las nuevas demandas deberán atenderse con combustibles de bajas emisiones, entre ellos el gas natural. Según explicó, el reemplazo de combustibles de mayores emisiones permitiría reducir pobreza energética y aportar a la resiliencia climática.
Pérez Fernández indicó que la situación actual obliga a avanzar simultáneamente en exploración local y en proyectos de importación de gas. “En el corto plazo, resulta urgente que al menos dos proyectos adicionales de importación y regasificación en Colombia logren materializarse”, advirtió.
La directiva agregó que los retrasos en decisiones de planeación pueden afectar la disponibilidad futura del servicio. “El servicio más caro es el que no se tiene”, señaló durante el encuentro.
Seguridad hídrica y obras de infraestructura
El abastecimiento de agua potable y los riesgos asociados al cambio climático también hicieron parte de las discusiones del foro. Santiago Ochoa Posada, vicepresidente Corporativo Negocios Agua y Saneamiento, identificó la variabilidad climática y el crecimiento poblacional no planificado como las principales presiones sobre el recurso hídrico.
Ochoa Posada explicó que la estrategia de EPM en agua y saneamiento se ha basado en una planeación de largo plazo y en inversiones ejecutadas durante la última década por 5,3 billones de pesos. El directivo indicó que la compañía ha incorporado tecnologías de reúso de agua y herramientas de transformación digital para optimizar la operación de los sistemas.
El vicepresidente también planteó la necesidad de mantener reglas tarifarias estables que permitan reconocer los costos reales de operación de las empresas prestadoras. Sobre medidas sociales relacionadas con el acceso al agua, señaló que mecanismos como el mínimo vital deben aplicarse mediante esquemas de focalización y financiación pública municipal.
