El retroceso en el gobierno corporativo de Ecopetrol bajo la administración Petro
Durante décadas, la junta directiva de Ecopetrol estuvo compuesta principalmente por ministros y viceministros, bajo la premisa de que el Estado, como dueño, debía dirigirla directamente. Esta práctica resultó ser profundamente problemática, ya que cada cambio de gobierno implicaba un relevo completo de la junta y frecuentemente del presidente de la compañía, reduciendo la estrategia corporativa al horizonte electoral de cuatro años en lugar de al ciclo petrolero, que se mide en décadas.
El conflicto de intereses institucional
Además, surgía un conflicto de intereses fundamental: el Estado actuaba simultáneamente como regulador, accionista, supervisor y beneficiario. Las decisiones tendían a privilegiar ingresos de corto plazo sobre la sostenibilidad empresarial, presionando por dividendos altos y aplazando inversiones estratégicas para mejorar la caja inmediata. El resultado era una compañía rentable gracias al recurso natural, pero carente de una estrategia de largo plazo coherente.
El avance con la Ocde y su posterior desmantelamiento
La situación mejoró significativamente cuando Colombia ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Entre sus exigencias estaba mejorar el gobierno corporativo de las empresas estatales, estableciendo que el Estado debía comportarse como accionista, no como administrador empresarial. A partir de entonces, Ecopetrol incorporó miembros independientes con trayectoria empresarial y financiera sólida.
La junta dejó de ser una extensión del gabinete ministerial y pasó a ser un órgano de dirección profesional, mientras que el CEO dejó de ser un cargo político para empezar a ser evaluado por resultados concretos. Esta profesionalización permitió mayor estabilidad gerencial, fortaleció la reputación ante inversionistas internacionales y redujo sustancialmente el riesgo político.
Sin embargo, lo ganado en buen gobierno corporativo gracias a las exigencias de la Ocde se perdió dramáticamente a partir de 2022. La razón fundamental es que el buen gobierno se puede maquillar mediante maniobras contractuales y nombramientos cuestionables.
Los casos emblemáticos de independencia cuestionable
El caso de Hildebrando Vélez Galeano resulta ilustrativo: fue miembro no independiente de la junta de Ecopetrol hasta el 13 de enero de 2026 y, al día siguiente, apareció como independiente. Vélez, quien fue capacitador de organizaciones ambientales, sindicales y campesinas, y allegado a la vicepresidenta Francia Márquez y al presidente Gustavo Petro, realizó lo que algunos analistas describen como "una maroma contractual" para cambiar su estatus.
Algo similar ocurre con Carolina Arias-Hurtado, quien, además de otros cargos, se desempeña como asesora del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente y es también considerada miembro independiente. En la práctica actual de Ecopetrol, la independencia de los miembros de la junta parece ser decretada por el presidente Petro, lo que socava el principio fundamental de autonomía directiva.
Las funciones esenciales de una junta directiva
Una junta directiva corporativa tiene responsabilidades críticas que incluyen:
- Nombrar o remover al CEO de la compañía
- Supervisar los riesgos empresariales y financieros
- Evaluar inversiones estratégicas de largo plazo
- Proteger los intereses de todos los accionistas, incluidos los minoritarios
Cuando los miembros carecen de experiencia empresarial y administrativa sólida, la junta pierde capacidad real de dirección y supervisión efectiva.
La grave situación del presidente de Ecopetrol
Pero si la composición de la junta directiva de Ecopetrol deja que desear, el panorama se agrava considerablemente al examinar la situación de su presidente. Actualmente está imputado por presuntas irregularidades relacionadas con su rol en la campaña presidencial de Gustavo Petro, envuelto en graves escándalos por la compra de su apartamento, sin haber dado explicaciones satisfactorias por contratos adjudicados a su allegado sentimental, y enfrentando una demanda del gobierno de Honduras por su pobre desempeño como gerente de la empresa de energía de ese país.
En empresas listadas en bolsa —y Ecopetrol lo está— la reputación y la idoneidad del CEO son asuntos que la junta directiva debe analizar de manera obligatoria y proactiva. Ante situaciones judiciales de alto impacto reputacional, las juntas responsables adoptan medidas preventivas, como solicitar una renuncia temporal o separar al ejecutivo mientras se aclara su situación, con el fin primordial de proteger a la organización y a sus accionistas.
La pregunta fundamental sobre capacidad directiva
¿Están los miembros actuales de la junta de Ecopetrol, con su formación empresarial limitada, preparados para cumplir con las funciones que les corresponden? La evidencia sugiere que no, lo que pone en riesgo no solo la empresa sino los intereses de todos los colombianos como accionistas indirectos.
Lecciones internacionales ignoradas
Ninguna empresa industrial y comercial del Estado puede ser eficiente sin una administración profesional y autónoma. La experiencia internacional es consistente y contundente: las empresas estatales funcionan mejor cuando existe una separación clara y efectiva entre política y gestión empresarial. El gobierno debe fijar el rumbo estratégico general, mientras profesionales independientes administran las compañías del Estado, y las juntas directivas protegen a esas instituciones frente a intervenciones indebidas del accionista gubernamental.
Colombia está destruyendo sistemáticamente su riqueza nacional cuando permite que las empresas estatales estratégicas como Ecopetrol sean manejadas como una finca política del presidente Petro. Más grave aún, los colombianos estamos permitiendo pasivamente que nos traten como si fuéramos los peones de esa finca, con consecuencias que pagarán las generaciones futuras a través de una empresa estatal debilitada y desprofesionalizada.
